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22 de Mayo de 2015

¿Gratuidad para todos?: La “letra chica” de los anuncios de la Presidenta Bachelet sobre educación superior

La Mandataria anunció gratuidad para el 60% de los estudiantes más vulnerables de universidades del CRUCh, centros de formación técnica e institutos profesionales, siempre que estén acreditados y sean sin fines de lucro. Sin embargo, expertos cuestionan los alcances de estos anuncios, ya que dejan fuera a los 175 mil estudiantes de las misma condición socioeconómica que estudian en universidades privadas y a casi el 90% de los alumnos de CFT e IP.

Por Hernán Melgarejo
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No fue ni el anuncio de los detalles del proceso constituyente ni un extenso mea culpa por los casos de corrupción, los temas más preponderantes en el discurso de la Presidenta Bachelet el 21 de mayo. Sino que por segundo año consecutivo, los anuncios en educación tuvieron el espacio más importante en cuanto a tiempo en su cuenta pública.

En esa materia, y mientras a las afueras del Congreso se producían protestas protagonizadas por estudiantes –y encapuchados-, la Mandataria hizo un importante anuncio: “A partir del 2016  aseguraremos que el 60% más vulnerable que asista a Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales acreditados y sin fines de lucro, o a universidades del Consejo de Rectores, accedan a la gratuidad completa y efectiva, sin beca ni crédito. Esto beneficiará a casi 264 mil jóvenes”.

Junto a eso, anunció que enviará un proyecto de ley para avanzar en la gratuidad universal y que para 2017 se buscará llegar al 70% de los estudiantes más vulnerables. Todas estas novedades fueron aplaudidas en el Salón de Honor y celebradas por afines al gobierno. Los expertos valoraron que se haya avanzado en gratuidad focalizada en los estudiantes más vulnerables. Pero una segunda lectura del anuncio dejó a investigadores y a la Confech bastante disconforme.

El ministro de Educación asiste al  inicio del programa "Yo Opino"

Gratuidad solo para el club del CRUCh

El anuncio de la Presidenta deja fuera a los 521 mil estudiantes que cursan sus carreras en universidades no afiliadas al Consejo de Rectores, es decir, al 73% de la matrícula. Esto independiente de que la universidad privada esté acreditada. “Es negativo que el gobierno excluya de ese derecho a estudiantes vulnerables que asisten a universidades privadas acreditadas”, expresó el experto José Joaquín Brunner en una columna, agregando que a estos alumnos se les castiga solo por “no ir a una universidad del CRUCh”. La misma aprehensión apunta Educación 2020, quienes agregan que “es fundamental asegurar calidad antes de entregar más recursos a un sistema marcado por una desregulación profunda, en donde más del 70% de los programas no cuentan con acreditación y muchas instituciones forman a profesionales que egresan sin entender lo que leen”.  

Pero hay otro punto que vuelve aún más crítico este criterio: si finalmente se opta por implementar la gratuidad universal para las universidades del CRUCh, habrá alumnos de estratos altos estudiando gratis, mientras que alumnos vulnerables de igual o mayor mérito no tendrán ese beneficio solo por estudiar en una universidad privada.

El ministro de Educación explicó que el anuncio para 2016 se focaliza en estas instituciones porque cumplen los requisitos de acreditación, calidad y de no lucro que el Mineduc exigirá para cuando amplíe la gratuidad a más instituciones. Pero los datos desestiman este argumento: pues la calidad de las universidades del CRUCh es heterogénea en cuanto a sus aportes en investigaciones, infraestructura y calidad docente. “Hay universidades privadas que superan con creces la calidad de algunas universidades del CRUCh”, explican en Libertad y Desarrollo.

Agencia Uno

Solo para el 12% de los estudiantes de CFT e IP

Por ley, ninguna universidad puede tener fines de lucro. Sin embargo, este requisito no se aplica para los Centros de Formación Técnica y los Institutos Profesionales, por lo que la mayoría de los establecimientos de este tipo lucran. El problema es que el anuncio de la Presidenta Bachelet solo incluye beneficios para instituciones acreditadas y sin fines de lucro: condición que reúnen solo 8 CFT e IP. Es decir, solo aplica para unos 60 mil alumnos de un universo de 500 mil.

Los CFT que entran en el radio de acción del anuncio y que no seleccionan, como por ejemplo el DUOC UC, ya expresaron una aprehensión al respecto: su matrícula podría dispararse y verse sobrepasados por la nueva demanda. Mientras que planteles como Inacap o Aiep, que quedaron fuera de la gratuidad, piden el ingreso de una ley corta para ser incluidos en este beneficio.

/ agencia UNO

¿Cuál es el precio de la gratuidad?

En la actualidad, el sistema de becas estatales cubre el arancel de referencia de las carreras. Sin embargo, en ocasiones el arancel real que cobra la universidad supera a este arancel de referencia, y la diferencia debe ser cubierta por el alumno. La Presidenta anunció que el 60% de los alumnos más vulnerables perteneciente a cierto tipo de establecimientos, ya no tendrán que pagar si quiera un peso por la educación superior: pues el 100% será cubierto por el Estado a través de un financiamiento directo a las instituciones. Sin embargo, esto lleva a un problema: ¿Cuál será el arancel que cubrirá el Estado?

“Cuando uno decide financiar a ciertas instituciones, la única forma de hacerlo es fijando un precio por alumno. Entonces la pregunta que queda es ¿se van a fijar la cantidad de alumnos que se van a matricular?”, dice María Paz Arzola, investigadora de Libertad y Desarrollo. La investigadora advierte que en gran medida dependerá del arancel que fije el Estado la cantidad de recursos que va a recibir cada universidad, lo que puede afectar “los proyectos educativos”.

/ Agencia Uno

“La manera más sencilla es que el Estado cubra la totalidad del arancel real, pero es poco probable que esa sea la fórmula, porque alguien podrá decir que los aranceles están inflados y que se puede estar haciendo una transferencia adicional de recursos a las instituciones. Por otro lado fijar un arancel menor puede significar graves perjuicios para el desarrollo de esas instituciones. Y buscar una fórmula general también es complejo, porque implica que todas las instituciones tengan un comportamiento parecido”, explica Raúl Figueroa, director de Acción Educar.

Esos son los detalles que el Mineduc debe resolver antes del 30 de septiembre, fecha en que debe presentarse la Ley de Presupuesto. De momento, el ministro Eyzaguirre ha asegurado que están trabajando aún en el mecanismo. Y por su parte, los estudiantes de la Confech critican que aún no hay claridad sobre su principal demanda: la gratuidad universal. “Es grave, más de la mitad de los alumnos precarizados está en este sector (privado)”, dijo la presidenta de la Fech, Valentina Saavedra. Los próximos meses serán bastante agitados para el ministro Eyzaguirre.

 

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