Fiscal Luis Toledo decide sobreseer querella por estafa tras acuerdo entre Silca y Caval

El próximo 4 de junio se realizará la audiencia que solicitó el fiscal Luis Toledo, respecto a la querella por estafa que interpuso la empresa Silca en contra de Caval. Esto con el fin de sobreseer la acción judicial, luego de que ambas firmas hayan llegado a un acuerdo extrajudicial el pasado 13 de mayo.

Allí, el convenio estableció que la sociedad de Natalia Compagnon y Mauricio Valero no cobraría el cheque por $2.000 millones que tuvo de ganancia por la venta de los tres terrenos en Machalí y que, a cambio, recibirá $ 1.000 millones y una vivienda. Con esto, Silca se comprometió a retirar la querella.

El persecutor afirmó ayer que el fundamento de la solicitud de sobreseimiento lo dará a conocer en durante la audiencia que fije el tribunal. “No procede que lo anticipe públicamente a los medios de comunicación, sin dárselo a conocer antes al tribunal, a los querellados y a los querellantes”, consignó La Tercera. Pero aseguró que se llegó a esta determinación “luego de haber realizado las diligencias que tenía que realizar”.

Señaló que, además del acuerdo entre ambas empresas, uno de los motivos que lo llevó a dar término a la causa es que no se habría determinado un daño patrimonial para Silca, uno de los requisitos que se deberían probar para que se configurara el delito de estafa.

La millonaria comisión que obtuvo el ex operador político de la UDI

Una nueva arista surge de la investigación de Toledo por la compra de los predios en la VI Región. Se trataría de la millonaria comisión que obtuvo el gestor inmobiliario y ex operador político de la UDI Juan Díaz en esa transacción, por la que recibió un pago de $415.354.524 por gestionar la venta de los predios y la modificación al plano regulador, el que no se ha concretado.

Esta comisión fue pagada a Díaz de manos del síndico Herman Chadwick, quien era el encargado de encargado de liquidar los predios, los que finalmente se vendieron a Caval en $6.500 millones. Esta información fue entregada por la superintendenta de Insolvencia y Reemprendimiento, Josefina Montenegro, a la comisión investigadora del caso Caval en la Cámara de Diputados.

De acuerdo al documento entregado al Congreso, “los gastos de administración del convenio incluyeron pagos al señor Juan Díaz Sepúlveda por gestión inmobiliaria y cambio de uso de suelo ascendente a $415.354.524 y a la señora Paola Maureira Sánchez, por asesoría laboral, por un monto total de $17.000.000”.

Lo que más llamó la atención, es que el pago recibido por Díaz supera en $200 millones los honorarios del propio síndico, quien según el informe enviado a la Cámara, su remuneración ascendió a $8.831.410 en su rol como interventor y a $174.216.255 como liquidador. Además de indagar esto, Toledo estaría investigando el destino del dinero recibido por el ex operador político de la UDI.