Así fracasó el proyecto de “amnistía impropia” para políticos investigados por boletas falsas
En las conversaciones habrían participado ministros y se asevera que si esta propuesta hubiese avanzado podría haber "beneficiado judicialmente" a los investigados por los casos Penta y SQM.
Siguen los coletazos de la dimisión del ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Jorge Insunza, quien el domingo presentó su renuncia realizando fuertes acusaciones contra un grupo indeterminado de personas que “me atacan por mi dura objeción a esta petición de un proyecto de ley que derive en una especie de impunidad impropia, de una amnistía impropia”.
Esas palabras, según publica La Tercera, apuntan a la idea de un proyecto, sigilosamente llevado adelante por personeros tanto de la Nueva Mayoría como de la Alianza, que discutía al mismo tiempo que se realizaba el trabajo de la comisión “Engel”.
La redacción de este escrito, a ser presentado en el Congreso, estaba inspirada por la doctrina fijada por el ex director del Servicio de Impuestos Internos, Ricardo Escobar, quien plantea que las indagatorias que actualmente tienen contra las cuerdas a diversos políticos tanto por el Caso Penta como por el Caso SQM, están enfocadas más bien en infracciones administrativas, por lo que no serían delitos penales.
Basándose en esta “doctrina Escobar”, en conversaciones reservadas, se empezó a dar forma a este proyecto. A tal nivel se llegó, que se asegura que ministros del comité político dieron luz verde a las tratativas.
Nuevas versiones surgieron en lo que se dieron a conocer estas conversaciones. Tanto The Clinic como Ciper Chile aseguran que más que una idea, incluso se elaboró una minuta, visada y elaborada desde el ministerio de Hacienda (en ese entonces encabezado por Alberto Arenas) donde se proponía crear un delito: “falsificación y aprovechamiento de instrumentos ideológicamente falsos; aquellos instrumentos que corresponden a servicios no prestados por quien lo emite a quien paga el servicio aunque haya sido emitida en forma correcta y pagada“.
También se intentaba plasmar en un documento que el Ministerio Público se excedió en su interpretación de una norma del 2001. En ese entonces el director del SII Javier Etcheberry dijo que con aquella normativa se buscaba sancionar a “mercados o mafias” de facturas falsas para detener la evasión tributaria. Por tanto, aquí la fiscalía está haciendo frente a individuos que declaran no haber prestado servicios a ciertas empresas, pero no mafias o mercado de facturas falsas.
En pocas palabras, el Ministerio Público estaría encabezando una investigación que “no tiene posibilidad alguna de conducir a una condena”.
A la hora de discutir la propuesta entre los secretarios de estado y dirigentes oficialistas, hubo opiniones diversas. Se establece que el ex timonel del PS, Osvaldo Andrade, advirtió que una iniciativa de este tipo podía tomarse como una especie de perdonazo o amnistía a los políticos investigados por la emisión de boletas ideológicamente falsas.
El “peligro” era que si se avanzaba con esta nueva legislación, los abogados defensores de los involucrados podían esgrimir el principio “pro reo”. En pocas palabras, estas personas estarían siendo investigadas por un delito inexistente hasta antes de la promulgación de esta ley.
Incluso, el director del SII de ese entonces, Michel Jorratt -quien conoció el documento el 27 de abril de parte de la que en esa época oficiaba como ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ximena Rincón- insistió en que un cambio de este tipo provocaría que se cuestionaran una gran cantidad de acciones judiciales presentadas por el servicio, lo que podría dar paso a una crisis.
El texto alcanzó incluso a ser parte de los anuncios de la cadena nacional en el contexto en el que la Presidenta Bachelet presentaba las propuestas de la comisión “Engel”.
“Superaremos los vacíos de la ley actual para asegurar sanciones efectivas a la facilitación y aprovechamiento de facturas y voletas ideológicamente falsas. Tipificaremos y sancionaremos el delito de corrupción entre particulares, tal como los pagos indebidos para obtener negocios”, indicó Bachelet el pasado 28 de abril.
La Moneda finalmente habría desechado la idea de legislar sobre este tema, a raíz de la vinculación con Rodrigo Peñailillo con la empresa de Giorgio Martelli (Asesorías y Negocios SpA) y se habría dejado de discutir sobre la elaboración de esta ley.
