Congreso entregará inédito mea culpa por casos de financiamiento irregular
Los jefes de la Cámara baja y del Senado realizarán una cuenta pública conjunta, marcada por una fuerte autocrítica.
Primero fue el Senado, luego la Cámara de Diputados. Sus respectivas Comisiones de Ética fijaron como plazo el 1 de julio para que los parlamentarios investigados por faltas cometidas mientras estaban en sus labores de legisladores entreguen sus descargos ante sus pares. Sin embargo, los jefes de las cámaras alta y baja determinaron dar un paso más allá, al planificar un inédito mea culpa para el próximo 21 de julio en Valparaíso.
Será una cuenta pública, con la idea de que llegue a ser tan solemne como el discurso presidencial del 21 de mayo. El pronunciamiento se dará en medio de la crisis por el financiamiento irregular de la política, con una serie de parlamentarios que están siendo indagados por el Ministerio Público, junto con los resultados de diversas encuestas que entregan mínimos históricos de aprobación de las instancias legislativas.
La convocatoria, que tiene la particularidad de ser realizada por “primera vez en la historia” según La Tercera, también hará extensiva una invitación a la Presidenta Bachelet, a los ministros, embajadores y representantes de distintas organizaciones.
Los jefes de las mencionadas instancias del Congreso, el senador Patricio Walker (DC) y el diputado Marco Antonio Núñez (PPD), han estado trabajando codo a codo para que el pronunciamiento esté marcado por un fuerte tono autocrítico. Incluso han llegado a considerar mencionar “con nombre y apellido” los casos que hoy están bajo la lupa de la Fiscalía.
Junto con lo anterior, en esta instancia se anunciarán “una serie de medidas en probidad yu transparencia que eleve los estándares éticos y sean mucho más exigentes”, detalló Walker.
Tanto Núñez como Walker buscan que este pronunciamiento se institucionalice, por lo que han sostenido conversaciones con la ministra (s) de la Secretaría General de la Presidencia, Patricia Silva, para que quede estipulada en un proyecto de ley. Se pretende normar esta fecha para seguir la línea de rendición de cuentas que actualmente existe en el país: La Corte Suprema expone en Marzo, luego el Ejecutivo lo realiza en Mayo, y se espera fijar el pronunciamiento del Congreso para Julio.
