En fallo dividido justicia absuelve a 10 ejecutivos de cadenas de farmacias por alteración fraudulenta de precios
El Cuarto tribunal oral en lo penal determinó que la prueba presentada por el Ministerio Público no fue suficiente para acreditar el delito de "alteración fraudulenta de precios" por parte de 10 ejecutivos de diversas cadenas farmacéuticas.
Fueron 65 jornadas en la audiencia de juicio del caso Farmacias. La unidad de Alta Complejidad de la Zona Oriente, que llevó la investigación con el fiscal Jaime Retamal, presentó diversas pruebas, entre otras correos y múltiples documentos, con la idea de acreditar que 10 ejecutivos de la industria farmacéutica – de las cadenas Salcobrand, Fasa y Cruz Verde, además del laboratorio Medipharm- se concertaron para elevar los precios de 46 meditamentos entre diciembre del 2007 y abril del 2008.
Los imputados que resultaron absueltos son Sergio Purcell y Ricardo Ewertz (quienes trabajaron en Fasa), Ricardo Valdivia y Cristián Catalán (vinculados en este caso por Cruz Verde), y Roberto Belloni, Ramón Ávila, Claudia Carmona, Judith Carreño y Mehilin Velásquez (Salcobrand), además del ex gerente general de Laboratorio Medipharm, Mario Zemelman.
El fallo, leído inicialmente por la magistrado María Inés Collins, fue de carácter dividido, y una de las consideraciones responde a que la mención de los correos no resultaba suficiente para determinar la culpabilidad de los imputados en el delito de alteración fraudulenta de precios, por el cual el Ministerio Público solicitó penas de hasta 5 años para los imputados.
El voto disidente fue el del magistrado José Flores, cuya postura responde a que la Fiscalía sí habría acreditado la alteración de los precios.
El fiscal Jaime Retamal planteaba, con la presentación de estos mails, que los imputados se coordinaban para que una cadena subiera un día los precios, luego la segunda al día siguiente y la última cadena 24 horas después. Este sistema fue bautizado por el ente persecutor como “sistema 1,2 y 3”.
¿Acuerdo judicial o mal menor?
El caso surgió tras una acusación por parte de la Fiscalía Nacional Económica, para luego resolverse en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el cual aplicó una multa de 20 millones de dólares a Salcobrand y Cruz verde, por coludirse junto a Fasa. Esto fue ratificado por la Corte Suprema.
La colusión de precios no existe en el código penal, por lo que el delito que se imputó era alteración fraudulenta de precios y se solicitaron 5 años de presidio para los imputados. Pero desde ya se deben considerar las atenuantes como irreprochable conducta anterior. En pocas palabras: era muy poco probable que alguno de estos ejecutivos pasara un minuto siquiera tras las rejas.
Este es el primer juicio que enfrentan los ejecutivos, porque anteriormente, el 8 de julio del 2013 se llegó a lo que se conoce como “Suspensión condicional de procedimiento” en el caso. Esto en pocas palabras es un “acuerdo” al que se someten los involucrados para evitar un juicio tras cumplir una serie de condiciones. En este caso los imputados debían pagar más de 255 millones de pesos que estaban destinados a la Cruz Roja, a Coaniquem, al Instituto Nacional del Cáncer y a la Liga Chilena Contra la Epilepsia.También debían asistir a clases de ética, de mínimo 30 horas, y elaborar un “programa de cumplimiento de la normativa de la libre competencia”.
En ese entonces, el fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, si bien se manifestó satisfecho con esta suspensión, criticó la legislación existente, ya que “es insuficiente para hacerse cargo de la colusión como un fenómeno delictivo que afecta a los chilenos”. Montes incluso aseguró en ese momento que la pena con suerte habría alcanzado los 21 días “sin ningún tipo de privación de libertad”.
No obstante, el 30 de agosto del 2013, la Corte de Apelaciones revocó esta suspensión, por lo que se llegó al juicio que culminó hoy con la absolución de los imputados. La sentencia final será leída el próximo 28 de julio.
