Fiscalía separaría casos Penta y SQM tras aumento de empresas con supuesto financiamiento político irregular

Cada día que pasa las carpetas de los casos que investigan presuntos delitos tributarios -que tendrían por objeto financiar irregularmente actividades políticas- van acumulando más páginas. Este lunes se formalizó a la primera camada de políticos vinculados a la emisión de documentos tributarios presuntamente fraudulentos, pero aquello no ha significado una disminución de las indagatorias.

En plena discusión por el aplazamiento de la audiencia de formalización del operador político Giorgio Martelli, de acuerdo a La Tercera, el Ministerio Público ha citado a declarar a ejecutivos de Aguas Andinas, Alsacia y Ecsa, filial de Ripley.

En el caso de la sanitaria, un ex ejecutivo, Joaquín Villarino, actual presidente ejecutivo del Consejo Minero, ya compareció el 8 de junio ante el fiscal Carlos Gajardo, pero optó por guardar silencio. Cabe recordar que Aguas Andinas ya fue vinculada a este caso después de que el ex director ejecutivo de Chilevisión, Jaime de Aguirre admitiera haber facturado parte de sus honorarios a esa empresa por petición de Bancard -empresa del ex Presidente Sebastián Piñera- sin haber prestado servicios a la empresa de servicios de agua.

Al mismo tiempo los persecutores citaron a Alejandro Fridman, gerente de la filial de Ripley, Eccsa, quien también guardó silencio ante el fiscal Pablo Norambuena. Esta empresa estaría relacionada con la emisión de facturas de Reactor SpA, la que prestó servicios para la campaña de Pablo Zalaquett.

También se realizó una citación a Leopoldo Falconi y Gibrán Harcha, ejecutivos vinculados a Alsacia y Express, empresa que también está relacionada al financiamiento de la campaña del ex edil gremialista.

Además, de acuerdo a El Mercurio, Rodrigo Molina -chofer del senador Iván Moreira, formalizado por el caso Penta– y su secretaria Andrea Schultz, registrarían pagos contra boletas de honorarios de parte de Desarrollos y Servicios Melipilla, relacionada con empresas Ariztía, por casi 11 millones de pesos en el 2013.

Un expediente excesivamente voluminoso

Con todo lo anterior, el fiscal Sabas Chahuán estaría ad portas de tomar una trascendente decisión: separar la investigación de los casos Penta, SQM y Corpesca.

“En el contexto de la gran cantidad de diligencias que han surgido y que quedan por hacer, estoy analizando la posibilidad de separar esas causas para potenciar los equipos”, aseguró el persecutor. Esta mañana Chahuán destacó que en la oficina donde están los expedientes existen cerca de 60 o 70 cajas solamente de documentación contable.

Una de las “consecuencias” que podría tener esta acción -la que aún no está tomada- sería que cada uno de los fiscales que están trabajando en estas indagatorias podría asumir individualmente alguna arista en particular. Los persecutores corresponden a Emiliano Arias, Carmen Gloria Segura, Pablo Norambuena y Carlos Gajardo. Es más: el Fiscal Nacional está intentando obtener la colaboración de “una muy buena fiscal”, aunque no descartó seguir trabajando con el equipo ya mencionado.

Además, ayer el Cuarto Juzgado de Garantía -cuyos casos son generalmente investigados por la Fiscalía Oriente, donde la unidad de Alta Complejidad es dirigida por Carlos Gajardo- declaró admisible una serie de querellas de accionistas minoritarios en contra de miembros de los grupos Angelini, Von Appen, Luksic, Matte, Solari, Paulmann y Cueto por supuestamente apropiarse ilegalmente de fondos de diversas empresas para financiar campañas políticas.

Al declararse admisible, estos antecedentes deben llegar a los persecutores quienes deben determinar diversas diligencias, sumadas a todas las ya mencionadas.