Letra chica en el Congreso: buscan permitir donación de empresas a la política contradiciendo al Ejecutivo y Comisión Engel

En medio de la vorágine por el escándalo Penta, en diciembre de 2014, la Presidenta Bachelet envió al Congreso un proyecto de ley de “Fortalecimiento de la democracia”, en el que se eliminaba “la posibilidad de que personas jurídicas, con o sin fines de lucro, realicen aportes a campañas o a partidos políticos”.  En la disposición se argumentaba que “con ello se busca evitar que surjan conflictos de interés para los candidatos y sus partidos”,  y que “son los ciudadanos en tanto personas naturales quienes tienen derecho a expresarse políticamente, mas no las entidades ficticias que estos constituyan”.

Un diagnóstico que compartieron los expertos de la Comisión Engel, quienes en su informe también abogaron por el fin de los aportes de empresas tanto a las campañas como a los partidos políticos. Hasta entonces la medida parecía algo de sentido común para regular la relación entre el dinero, las empresas y la política, que ha tenido como resultado una seguidilla de escándalos político-judiciales que ha afectado a militantes de partidos y congresistas.

Sin embargo, los miembros de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados despacharon el 9 de junio el proyecto con un “pequeño” agregado en su artículo 33: “El aporte máximo anual en dinero que cada persona natural o jurídica podrá efectuar a partidos políticos, estén o no afiliados a ellos, no podrá exceder de 500 unidades de fomento al año”. De esta forma se dio luz verde al aporte de empresas a la política a través de los partidos, aunque solo por 12 millones 490 mil pesos anuales.

El cambio no ha gustado nada los expertos en probidad y transparencia que participaron en las sesiones de la Comisión y a los que redactaron el informe de Engel. “Nosotros no entendemos. Porque en todas las sesiones a las que asistimos había acuerdo en poner fin al aporte de las empresas”, dice a El Dínamo María Jaraquemada, directora de Ciudadano Inteligente, que agrega: “Nos parece que no es correcto. Nosotros estamos de acuerdo con que se prohiba el financiamiento de las empresas. Y si se hace en las campañas, nosotros creemos que si uno quiere evitar la captura de la política, creemos que el mismo principio debiera regir para los partidos políticos”.

La directora de la ONG advierte que si el proyecto “se aprueba tal como está, se podría triangular financiamiento de personas jurídicas a través de los partidos políticos a las campañas”.

Otro de los que protestó fue el académico Claudio Fuentes, miembro de la Comisión Engel, quien hizo ver su malestar a través de su cuenta de Twitter. Ahí escribió que el proyecto que se votará mañana es “inconsistente con el proyecto original y con Comision Engel”. Gabriel Boric, uno de los parlamentarios que respondió a Fuentes, compartió la desaprobación al proyecto: “¿Es cierto? O sea las empresas donan a los partidos y los partidos distribuyen. De ser así, no han entendido nada de la crisis”.

La diputada UDI Marisol Turres, miembro de la Comisión de Constitución, y que junto al resto de los parlamentarios gremialistas se abstuvo de esta votación, explicó el por qué de este cambio: “Algunos partidos han gestionado su patrimonio de tal forma que tienen empresas propias y de alguna manera reciben recursos de empresas que les son propias. Entonces hubiera sido muy complejo el impedirle percibir la rentabilidad que le dan sus propios bienes”.

Guillermo Ceroni, del PPD, concuerda con que esa fue la principal argumentación y asegura que “no hay riesgo de que haya triangulación de dineros” o algún tipo de conflicto de interés, ya que a su juicio “el monto permitido por la ley es muy bajo”.  En tanto, Fuad Chahín, de la DC, asegura que esta indicación será discutida cuando se revise el proyecto de ley que regula a los partidos políticos.

Este miércoles, el proyecto será discutido en la Comisión de Hacienda de la Cámara y luego será votado en la Sala, con suma urgencia.