SVS descarta infracción a Ley de Sociedades Anónimas por parte de empresas que realicen aportes a políticos
El ente regulador fijó un marco al pronunciarse por el caso de un accionista minoritario, y estableció que la entrega de dineros, realizada en el marco de la ley, no vulneran el patrimonio de los accionistas. Esto ocurre justo cuando se declararon admisible una serie de querellas presentadas en contra de diversos ejecutivos de grupos empresariales de nuestro país.
Las alarmas llevaban sonando con fuerza en el empresariado después de que el pasado 16 de junio se presentara en el Cuarto Juzgado de Garantía, y posteriormente se declararan admisible, una serie de querellas por apropiación indebida en contra de múltiples ejecutivos por los dineros que sus firmas habrían utilizado para financiar campañas políticas.
Y el nerviosismo del sector privado habría tenido eco en la Superintendencia de Valores y Seguros, quienes -haciendo frente a una denuncia formal presentada por un accionista minoritario en contra de una serie de empresas eléctricas de Antofagasta- establecieron un marco y descartaron que los aportes de empresas a políticos, hechos en el marco de la legislación, vulneren la Ley de Sociedades Anónimas (SA) y generen algún tipo de perjuicio para tanto las compañías como sus accionistas.
El fundamento de las querellas que remecieron el piso del sector privado, presentadas por los abogados Óscar Gajardo y Bárbara Salinas, responde a que la entrega de dineros a políticos no buscan el interés social de las compañías y de los accionistas. Incluso que estos no generarían beneficios, contravendrían el rol de los directores y que, en suma, vulnerarían la Ley de SA.
Según El Mercurio, a causa de estas querellas, representantes del empresariado manifestaron su preocupación por este tema a altas autoridades de gobierno. Cabe recordar que las empresas citadas en las acciones penales corresponden a Copec, Banco de Chile, Cencosud, Enersis, SQM, AntarChile, Lan, Quiñenco y Falabella.
El delito contenido en las acciones penales presentadas por los abogados de los accionistas minoritarios solicitaría penas de hasta 5 años de cárcel, además de una multa a beneficio fiscal. Al ser declaradas admisibles, cerca de 90 empresarios de los grupos Angelini, Von Appen, Luksic, Matte, Solari, Paulmann y Cueto serían citados a declarar, una vez que una de las unidades de investigación de Delitos de Alta Complejidad del Ministerio Público decrete diligencias.
