Caso Penta: Hoy definen si Jovino Novoa queda bajo arresto domiciliario

Casi calcado al 22 de junio, a las 7:51, Jovino Novoa, ex presidente de la UDI, llegó hoy al Centro de Justicia en medio de apoyo de diversos parlamentarios de la tienda opositora como el senador Juan Antonio Coloma y los diputados Gustavo Hasbún y Jorge Ulloa, entre otros, pese a que la determinación del partido es no realizar defensas corporativas.

Una gran diferencia es que ahora sí los tribunales están cercados con vallas papales para evitar eventuales agresiones como las que sufrieron hace 14 días los simpatizantes de los imputados en el marco del caso Penta.

Y de la misma manera cómo llegaron en ese entonces hoy, el diputado Hasbún destacó que viene en carácter de “amigo” y que espera que el Ministerio Público actúe de forma “objetiva”, porque acusa un tratamiento diferenciado en el escarnio público sufrido por la UDI y el sigilo que pesa sobre las declaraciones de los personeros vinculados al oficialismo, como el ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo.

Una jornada que empezó hace días

La atención del país estaba concentrada el lunes 22 de junio en el Octavo Juzgado de Garantía, en el cual 5 personeros de la Alianza estaban enfrentando la esperada formalización de políticos por presuntas irregularidades tributarias que habrían derivado en el financiamiento irregular de diversos políticos por parte del holding encabezado por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

Las indagatorias del Ministerio Público buscaban sustentar la participación en múltiples delitos por parte de cuatro dirigentes de la Unión Demócrata Independiente y uno de Renovación Nacional. Sin embargo, diversas circunstancias provocaron que no todo quedara resuelto –al menos en este etapa– así como también nuevos flancos se abrieron para el gremialismo.

Las primeras horas

Ante la expectación de los medios, y tras diversas discusiones preliminares para la televisación de la audiencia, el Ministerio Público –encabezado por su máxima autoridad, Sabas Chahuán– notificó al diputado Felipe de Mussy y al senador Iván Moreira respecto de sus cargos. El primero habría emitido dos boletas ideológicamente falsas por 8 millones de pesos, en tanto que el segundo habría recibido cerca de 39 millones de pesos por parte de los dueños del holding, ambos actualmente bajo arresto domiciliario total. Al finalizar la lectura, al ser ambos parlamentarios en ejercicio, sujetos a fuero, se retiraron del lugar, para horas más tarde reiterar su inocencia lejos de los tribunales.

En el mismo contexto surgieron críticas por parte de los abogados del ex diputado RN Alberto Cardemil, quienes acusaron a la fiscalía de haber actuado de forma unilateral, al haber sumado dos nuevos delitos, desconocidos por la defensa, a sus cargos por delitos tributarios: “apropiación indebida” y “fraude de subvenciones”. Atónito ante la lectura de cargos por parte del Ministerio Público, Georgy Schubert, ex defensor nacional y representante de Cardemil solicitó cautelar las garantías del imputado, por lo que éste se retiró. Hoy, tras llegar al Centro de Justicia a las 8:10 de esta mañana, fue finalmente formalizado y quedó sujeto a firma quincenal y arraigo nacional.

En paralelo de la realización de estos alegatos, afuera la turba enardecida se enfrentaba a un grupo de dirigentes del gremialismo, que por iniciativa propia asistieron al Centro de Justicia. Las peticiones para obtener protección especial fueron desoídas, por lo que los simpatizantes de los imputados quedaron a merced de los embates de representantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quienes los zamarrearon y golpearon. Luego el timonel de la UDI, Hernán Larraín acusaría al Partido Comunista de estas agresiones.

Muchas horas más tarde ese lunes, el ex alcalde de Santiago, el UDI Pablo Zalaquett, enfrentaba cargos por haber recibido supuestamente de forma irregular 71 millones de pesos para su campaña senatorial. Se decretó arresto domiciliario parcial, lo que fue revertido ante el tribunal de alzada el pasado jueves 2 de julio, para finalmente quedar sujeto a arraigo nacional y firma mensual

De espectador a involucrado

Uno de los protagonistas de la tormenta que sufrió la UDI fue Javier Macaya. Primero como el segundo al mando del diputado Ernesto Silva, quien debió entregar su cargo después de todos los cuestionamientos que recibió su partido bajo su dirección. Luego, como articulador de la nueva directiva que actualmente encabeza el senador Larraín. Sin embargo, en plena y accidentada visita al Centro de Justicia, el fiscal Emiliano Arias lanzó una nueva bomba que remecería los cimientos del gremialismo. Diversos correos acreditarían la participación del vicepresidente de la colectividad en la “recolección de fondos” comandada por el histórico timonel UDI, Jovino Novoa. Si bien en conversación con El Dínamo se defendió diciendo que ésta era una práctica habitual –en el marco de la entrega de recursos vía aportes reservados– esta vinculación con el caso deja a Macaya inmerso en un sombrío suspenso.

El fin del principio

Una baja de presión. Luego una serie de peticiones por parte de su defensa y –tras una revisión por parte de paramédicos– un viaje express a la clínica Las Condes. Así fue la jornada del presunto “dueño de la billetera” de la UDI, el histórico timonel Jovino Novoa, quien fue formalizado por haber recibido de forma irregular cerca de 85 millones de pesos, los cuales habrían sido destinados –a criterio del ex senador- a diversas campañas de su partido, como la de la senadora Ena von Baer.

Ad portas de una cirugía al colon, pero ya fuera de riesgo, Jovino Novoa deberá enfrentar las medidas cautelares que solicite el Ministerio Público. Por los delitos que es investigado Novoa, de acuerdo a la Fiscalía, podría enfrentar hasta tres años y un día de cárcel. Sumando la irreprochable conducta anterior que ostenta, muy difícilmente verá las rejas. Esto finalmente será resuelto en las próximas horas.

Sin embargo, una vez terminado el “trámite” de hoy, se determinará el plazo de investigación, para luego preparar el juicio oral, donde se medirán las pruebas versus las condiciones atenuantes de los imputados para definir una eventual sanción por este intrincado caso de platas políticas.