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30 de Julio de 2015

Caso Quemados: procesan nuevamente a condenado por crimen, junto con otros cuatro involucrados

La decisión del ministro Mario Carroza se basa en los resultados de los careos realizados en estas jornadas. Pedro Fernández Dittus ya había sido declarado culpable en 1993, pero bajo la figura de no haber prestado auxilio a las víctimas.

Por Redacción
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Mario Carroza, ministro en visita designado para indagar las causas de violaciones a los Derechos Humanos, determinó hoy procesar a otras cinco personas por el caso Quemados, investigación que busca aclarar los grados de culpabilidad de los integrantes de una patrulla del Ejército que, tras rociar con bencina, quemó a Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas De Negri el 2 de julio de 1986.

El capitán en retiro del Ejército, Pedro Fernández Dittus, fue condenado en 1993, ya que éste estaba a cargo de la patrulla involucrada en el delito. Sin embargo, en ese entonces el proceso ante la Corte Suprema culminó con la determinación de su culpabilidad por no haberle prestado auxilio a las víctimas. Esta versión fue desechada después de que hiciera público que el ex conscripto, Fernando Guzmán, reconociera y rompiera el pacto de silencio en este caso.

Se ha decretado una resolución, un nuevo auto de procesamiento respecto de las personas que se encontraban detenidas, aquella patrulla que comandaba el entonces oficial Fernández Dittus”, indicó el ministro Mario Carroza.

Este resultado deja un saldo de 12 procesados por esta causa, después de que la semana pasada siete militares en retiro quedaran detenidos.

El caso particular de Pedro Franco Rivas fue detallado por el ministro en visita, quien indicó que éste no queda detenido por su colaboración en la causa, y que además la posible pena que pueda enfrentar hace factible que pueda quedar bajo arresto domiciliario nocturno. Todos los otros quedaron detenidos por los cargos de homicidio calificado en calidad de frustrado por Carmen Gloria Quintana, y consumado por Rodrigo Rojas De Negri, delito por el cual arriesgan hasta 10 años de presidio efectivo.

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