Declaraciones de militares acreditan que Ejército posee archivos de la Dictadura

Insistentemente Carmen Gloria Quintana, víctima junto a Rodrigo Rojas De Negri en el caso Quemados, a manifestado que el Ejército debe romper con los pactos de silencio, los que existen para proteger a quienes participaron tanto en ese delito como en otros de lesa humanidad.

Sin embargo, el caso sólo empezó a esclarecerse cuando un ex conscripto, Fernando Guzmán, determinara romper con ese pacto de silencio. El Ejército ha mantenido siempre la versión inicial, que respondía a que no se prestó auxilio a las víctimas.

Esta información, según plantea Ciper Chile, nunca fue refrendada con informes concretos del Ejército, quienes debieran haber realizado una investigación interna. No existe rastro de este documento ni de ningún archivo de las operaciones secretas de los organismos de seguridad durante la Dictadura, pero han surgido pruebas de la existencia de registros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), luego de la Central Nacional de Informaciones y los de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

Es en el caso del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, en el que el ministro en visita Alejandro Madrid ha obtenido testimonios reveladores que dan cuenta de la existencia de estos archivos.

En este año, el juez Madrid recibió la declaración del suboficial en retiro del ejército y ex integrante tanto de la DINA como de la CNI, Raúl Otárola, quien indicó que “el año 2005 bajé al referido subterráneo (de la DINE) a dejar documentos microfilmados, donde existen repisas metálicas donde están los rollos de celuloide soportados por cartridges, ordenados por códigos y números”.

Otárola empezó a trabajar en la sección “Archivo y Kárdex” en 1976, en la DINA, que estaba localizada en el Cuartel Belgrano, donde operaba Manuel Contreras, ex director del organismo represor. Luego, con el reemplazo de la DINA por la CNI, los archivos serían trasladados al nuevo edificio entre las calles República con Toesca. Ahí Otárola, trabajando en “microfilm” supo que Contreras se llevó los rollos que tenían que ver con el asesinato de Orlando Letelier. Esta declaración desmiente lo que ha dicho siempre el Ejército: que Contreras se llevó todo a un paradero desconocido.

Con la llegada de la democracia, los archivos se trasladaron a la DINE, en Paseo Bulnes 129 (imagen referencial), lo que también reconoció Otárola.

Otra agente que ratifica esta información es María Ximena Galleguillos, quien trabajó en “archivo y kárdex”, y trabajó en los mismos lugares en los que se desempeñó Otárola. Ella fue capacitada por Kodak, y detalla que su función era justamente preparar los respaldos en microfilm.

Algunos de estos rollos fueron incinerados en un horno de la Escuela de Inteligencia de Nos, proceso supervisado por la mayor Mercedes Rojas Kuschevich.

El relato de Rojas con Otárola sólo se contradice en que la primera asegura que estos no fueron incinerados, sino que se trasladaron a los cuarteles de la CNI, y luego a Bulnes 129, a los cuarteles de la DINE.

Antecedentes peligrosos

Rojas precisa que cuando la DINE estaba bajo las órdenes del general Eduardo Jara, recibieron la orden de revisar estos microfilms para ver su contenido y revisar “si existía información referente a las violaciones a los derechos humanos”.

La contradicción aparece nuevamente, ya que Rojas asegura que no había información de estos temas, pero Otárola indicó que él sí elaboró fichas de opositores al régimen. A esto se suma una declaración más, del agente de la CNI George Styles, quien ratifica lo dicho por Otárola.

Pero Rojas Kuschevich agrega que entre los años 1999 y 2000 recibió la orden de incinerar estos archivos, ya que “sólo ocupaban espacio”. Además, al tratarse de archivos civiles, no se habría levantado acta. A esto agregó que los archivos restantes permanecieron en las dependencias en el paseo Bulnes, por lo menos hasta el 2005, mientras que el archivo del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), siempre se habría manejado de forma separada.

Una de las personas que acompañó a Rojas en la incineración de microfilm fue el entonces cabo Osvaldo Ramírez Lazcano, que indica en su declaración del pasado junio del 2015 que se quemaron cerca de 40 o 50 rollos. Ramírez ahora está en servicio activo, y sitúa la fecha de la incineración entre el 2000 y el 2002. Cruzando declaraciones, los archivos incinerados en democracia ascenderían a entre 200 mil y 250 mil.

Las declaraciones sitúan el momento de la quema entre 1999 y 2002. Entre esos años Pinochet estuvo preso en Londres. En 1999, en diciembre, asumió como director de la Dirección de Inteligencia del Ejército, Roberto Arancibia Clavel, hermano del jefe de la DINA en Buenos Aires, Enrique Arancibia Clavel, condenado por el asesinato del general Carlos Prats. También bajo su gestión, su subdirector Fernán González fue procesado por obstrucción de la justicia en el caso del asesinato de Tucapel Jiménez.

En la declaración de Rojas Kuschevich asevera que Ferrán González habría sido el jefe del Departamento II de Contrainteligencia, cuando se le ordenó revisar los microfilms para ver si había material relacionado con violaciones a los Derechos Humanos. Osvaldo Ramírez Lazcano, por su parte, dice estar seguro de que González era el jefe cuando se incineraron los archivos.

Los documentos que han trascendido y se han utilizado en proceso sobrevivieron a esta política para eliminar las huellas de los crímenes cometidos durante la Dictadura. Pero también han habido descuidos. El momento del país ha provocado que surjan presiones para avanzar en materia de Derecohs Humanos e incluso el gobierno ha intentado presionar al Ejército para que entregue antecedentes. La información recabada en el caso del asesinato de Eduardo Frei Montalva- proceso aún en curso- haría inexplicable una nueva negativa del Ejército a entregar más información en este tipo de casos.