Ues califican al Mineduc de “imprudente” y Privadas acusan “discriminación” al bajar gratuidad a 50%

Una de las medidas más importantes del actual gobierno de Michelle Bachelet, el que exista educación gratuita y de calidad, tuvo un nuevo giro el lunes. Y fue un tema nada menor, ya que nuevamente reducía, esta vez a 50%, la cantidad de estudiantes que serán beneficiados con la gratuidad en la educación superior, aunque ahora se incluye a las universidades privadas que cumplan una serie de condiciones.

Si antes se hablaba de todos los estudiantes de Chile, la Presidenta empezó a decantar su decisión en el pasado discurso del 21 de mayo, para luego hacer más específicos los anuncios con la llegada de la nueva ministra de Educación Adriana Delpiano y con el magro crecimiento económico.

“Realismo sin renuncia” intentó instalar el gobierno tras una primera reunión con todo el gabinete, en tanto Chile se informaba en particular de un recorte de la gratuidad circunscrito a un 70% de los estudiantes de los planteles superiores. Este número nuevamente se redujo el 13 de julio, cuando la titular de la cartera planteó que durante esta administración se trabajaría en alcanzar hasta un 60% de gratuidad, a diferencia de lo comprometido de llegar al 70 en marzo del 2018, teniendo como horizonte la totalidad de la gratuidad para el 2020.

Si bien desde el Mineduc, según La Tercera, aseveran que serían cinco planteles privados los que podrían acceder a la gratuidad, reconocen que no saben cuántas universidades en total podrían sumarse a este 50% de estudiantes. Francisco Martínez, jefe de la División de Educación Superior (Divesup) del Mineduc, asumió que “la decisión fue tomada ayer (lunes 3 de agosto), por lo tanto, antes de poder oficializar cuál es el conjunto de instituciones, tenemos que hacer un chequeo de cuál va a ser la situación”.

Difíciles condiciones

Lo resuelto hace tan sólo dos días por el Mineduc establece tres condiciones principales para que los planteles privados puedan ser parte de las universidades que reciban el beneficio de la educación gratuita para un porcentaje de sus estudiantes. Una es que deben estar acreditados por más de cuatro años. La Comisión Nacional de Acreditación habría otorgado este nivel de certificación a 13 planteles.

Sin embargo el panorama se complejiza con las otras dos condiciones: que ninguno de los miembros de la corporación que controle la institución tenga fines de lucro y lo último es que o estudiantes o funcionarios participen en el gobierno universitario (criterio conocido como triestamentalidad).

Tanto los directivos del Consejo de Rectores de las Universidades de Chile (CRUCh) -que agrupa a 25 instituciones- y rectores de los planteles privados manifestaron por lo bajo dudas respecto de este nuevo criterio.

El Vicepresidente del CRUCh y rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, lamenta la disminución de estudiantes beneficiados y también asegura que existe “mayor incertidumbre sobre los presupuestos del 2016. Por tales razones, estimo que ha sido imprudente reducir la cobertura ya comprometida”.

La Corporación de Univesidades Privadas (CUP) -que agrupa a 17 instituciones- plantea, según El Mercurio, que esta nueva restricción a los estudiantes que recibirán el beneficio es una solución “más discriminatoria y arbitraria que la alternativa anterior”. Algunas de las críticas es que, por ejemplo, se exigen 4 años de acreditación a las universidades privadas “mientras hay planteles del CRUCh que no cumplen con eso”, según declaró el presidente del CUP y rector de la Universidad Santo Tomás, Jaime Vatter.

Estas serían la Arturo Prat, Los Lagos, la UTEM y la Católica de Temuco, certificadas por tres años. También se plantea que se exige niveles de participación estudiantil que tampoco se le exigen a las estatales. “Claramente, esto constituye otra discriminación impresentable”, indica el rector de la Universidad Andrés Bello, José Rodríguez.

Y si pareciera que el Mineduc está tomando decisiones apresuradas, esto no sería por gusto, sino porque el plazo está corriendo para que las universidades determinen si se sumarán -o si es que pueden- o no a esta gratuidad, y que también establezcan la cantidad de cupos y carreras, proceso que se concreta en octubre, mientras que desde el CRUCh calculan que este 10% que quedó fuera, se traduce en 41 mil alumnos que dejarán de recibir el beneficio.

De momento, y lo que plantea la senadora UDI Ena Von Baer, las críticas de la oposición están centradas en que existe un grado importante de “improvisación”, pero lo peor, según plantea la parlamentaria, es que el constante cambio de criterio finalmente deriva en “una falta de respeto para los jóvenes de familias vulnerables que creyeron en la Presidenta”.