Comportamiento “errático” del SII pone en riesgo casos de financiamiento irregular de la política

Atónito se mostró el fiscal Emiliano Arias ayer, cuando se encontró como el único interviniente, en nombre del Ministerio Público, que se presentó a alegar ante la Cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la rebaja de la medida cautelar que pesaba hace un mes sobre el ex senador de la UDI, Jovino Novoa.

Aunque fuese beneficioso para su defendido, también el abogado Matías Balmaceda manifestó extrañeza por la ausencia de algún abogado del Servicio de Impuestos Internos, ente fiscalizador que tiene facultades únicas para presentar querellas o denuncias en contra de personas y empresas que puedan haber incurrido en delitos tributarios. Hechos como por los que se investiga al histórico timonel gremialista, acusado de ser el “dueño del talonario” en el partido de la Alianza, ya que él sería quien decidía a qué político se le entregaba más o menos dinero, después de haber recibido financiamiento presuntamente irregular del holding Penta y de otras instituciones, como SQM, minera no metálica del ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou.

“Errático” es como describe a El Dínamo uno de los abogados que está en conocimiento de las indagatorias que tienen en vilo a la clase política. Errático, insiste, por cómo se ha portado en estas causas el Servicios, versus lo ocurrido ayer.

“A todos los intervinientes nos llegó el martes, cerca de las 14:30, una notificación para que fuéramos a alegar al tribunal por la cautelar de Novoa. Todos saben que cuando llega una notificación de éstas significa que los alegatos son al día siguiente. No sé qué habrá hecho el procurador del Servicio”, indica este abogado, recordando que el SII anunció un sumario, para esclarecer responsabilidades administrativas por no haber asistido a alegar en una de las causas más importantes que ellos, como institución, inicialmente habían impulsado.

Y una serie de hechos venían demostrando que existía cierto “cambio de criterio” en el ente fiscalizador para perseguir penalmente delitos vinculados son supuesto financiamiento de la política.

Por ejemplo, lo antecedentes en contra de la empresa Ventus, de los hijos del presidente de la DC, Jorge Pizarro, están en manos del Servicio de Impuestos Internos hace más de dos meses.

O también, la denuncia del ente fiscalizador por los pagos de SQM Salar a Giorgio Martelli, autodenominado operador político de la Nueva Mayoría, que hoy cumple 80 días sin definirse qué hacer.

La explicación hasta ahora es que tras la salida del ex director Michel Jorratt, en medio de polémica por presiones desde el Ministerio de Interior -entonces dirigido por Rodrigo Peñailillo– la querella quedó lista, pero aún su subrogante, Juan Alberto Rojas, debe determinar si es que se presenta o no esta acción en conjunto con un comité.

Otra señal considerada política, pero que podría tener consecuencias judiciales, es que en el ente fiscalizador se dictó la circular N°10, donde se establece un “marco de análisis” para establecer cuándo sí y cuándo no presentar querellas por presuntos delitos tributarios, o considerar salidas “administrativas”, asociadas a eventuales multas. Lo anterior ya recibió críticas por parte de los funcionarios del SII, quienes acusaron que la nueva administración -al mostrar inacción en la presentación de estas acciones penales- estaría “allanándose” a los intereses de grandes empresas.

Sin perjuicio de estas investigaciones, los intervinientes que están involucrados en estas causas siguen manifestando extrañeza. Recuerdan lo ocurrido con la fallida formalización contra el ex vicepresidente de RN, Claudio Eguiluz, en la que la magistrado del Octavo juzgado de Garantía, Ema Tapia, acogió la argumentación de su defensa, ya que al no existir querella nominativa contra Eguiluz -facultad exclusiva del Servicio- no se podía avanzar en la comunicación de cargos.

“Lo de Eguiluz no se entiende. Y cuando el SII presenta la querella, esta finalmente es por unas boletas ‘roñosas’, y por ley de donaciones… nada que ver con delitos tributarios que son serios”, especifica a este medio un abogado en conocimiento de los antecedentes.

Las señales que ha dado el Servicio son calificadas como “preocupantes”. Es más: a Novoa ya se le había beneficiado en marzo de este año, para obtener una “condonación en línea” pese a estar siendo investigado por delito tributario. En ese momento quien encabezaba las acciones penales del SII, Cristián Vargas, advirtió a su superior, el entonces director del Servicio de Impuestos Internos Michel Jorratt, que si esto se confirmaba “sería una grave irregularidad”.

Con todo, este comportamiento errático llevará la próxima semana, probablemente el lunes, a que el Ministerio Público tenga que alegar ante la Corte de Apelaciones la anulación de la formalización de Eguiluz. Si es que la Corte rechaza nuevamente la formalización, “matan la causa” nos indicó otra fuente relacionada con las indagatorias, ya que sentaría jurisprudencia, y marcaría la pauta de cómo serían juzgados los políticos involucrados.

Es de tal importancia lo que resuelva la Corte que es probable que el mismo Fiscal Nacional Sabas Chahuán asista a estos alegatos ante el tribunal de alzada capitalino. Éste hace tiempo manifestaba un grado de desacuerdo con la actitud del Servicio de Impuestos Internos: “Si preguntas si está haciendo todo lo que la fiscalía quiere, no necesariamente”. Habrá que esperar al lunes para ver si es que el ente fiscalizador asiste para definir el futuro de las investigaciones por presunto financiamiento irregular de la política.