Terminar con el secreto de 50 años del informe Valech: el próximo desafío de la Subsecretaría de DD.HH.
La nueva repartición del Estado viene a coronar semanas en las que la agenda estuvo copada por materias de Derechos Humanos. El gobierno se abrió a analizar un proyecto de ley para evaluar el fin del secreto, pero luego relativizó sus intenciones, asegurando que se debía "resguardar la dignidad de las víctimas", pese a que algunas de éstas supieron de la reserva de sus antecedentes después de haber prestado declaración.
De forma unánime, por 114 votos, durante esta jornada se aprobó el proyecto de Subsecretaría de Derechos Humanos, coronando así cerca de mes y medio en el que la agenda de nuestro país estuvo centrada en la justicia transicional y el esclarecimiento de las responsabilidades y culpas de los delitos de lesa humanidad, cometidos bajo la Dictadura de Augusto Pinochet.
La clase política se cuadró en la defensa de los Derechos Humanos, inspiradas por el testimonio de Carmen Gloria Quintana, la que junto a Rodrigo Rojas De Negri fue atrapada por una patrulla militar, para luego ser rociados con bencina y quemados en 1986, lo que provocó la muerte de este último.
La investigación por el atroz crimen fue reabierto por el ministro en visita Mario Carroza, a causa de la declaración de uno de los ex conscriptos, Fernando Guzmán, lo que permitió romper un pacto de silencio acordado entre los efectivos del ejército involucrados.
Primero fue Lorena Fries, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien deslizó la posibilidad de evaluar el secreto de 50 años que pesa sobre el informe Valech, documento que contiene más de 35 mil testimonios de tortura y vejaciones ocurridas en la época más oscura del país. Luego Patricio Walker y Marco Antonio Núñez, presidentes de las Cámaras Alta y Baja respectivamente indicaron que existe “voluntad política” para revisar e impulsar proyectos de ley para justamente terminar con este secreto.
Incluso, en vísperas de la reunión de Quintana con una bancada transversal de parlamentarios, a la que asistió el presidente de la UDI, Hernán Larraín, también se recordó un proyecto de ley presentado el año pasado, por los diputados Hugo Gutiérrez (PC) y Tucapel Jiménez (PPD), para los mismos efectos.
¿Qué dijo el gobierno?: “Es una medida que nosotros estamos evaluando (…) reafirmamos de manera muy categórica nuestra voluntad y compromiso de avanzar en el esclarecimiento de cada una de las violaciones a los Derechos Humanos” indicó el 28 de julio el vocero de gobierno Marcelo Díaz, pero luego, al día siguiente, manifestó que “está en juego la dignidad de las víctimas”, con lo que relativizó el análisis de esta medida, y luego se condicionó justamente a retomar este tema tras la creación de esta nueva repartición del estado, la que según el ministro Díaz tendrá -entre otras cosas- la tarea de ver y consultar a las personas que declararon.
La postura del gobierno al menos en sus declaraciones y vocerías pareciera estar coordinada en una sola línea, sin embargo el secreto de estos informes fue defendido el año pasado por el gobierno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de dos oficiales en retiro de la Fuerza Aérea, que pedían terminar con esta reserva para que los tribunales accedan a la información que contienen -lo que actualmente es imposible- y así se indague y esclarezcan las torturas que sufrieron cuando se les acusó de traición, tras el quiebre institucional chileno en 1973.
Uno de los argumentos del gobierno -además de indicar que la función de la comisión no era “ni jurisdiccional, ni de investigación, ni de difusión ni periodística”- es que se debe resguardar la dignidad de las víctimas, pese a que algunos de los que prestaron declaración han asegurado que ni siquiera se les consultó sobre si querían o no mantener en secreto su testimonio.
“Se discutió (el fin del secreto del informe Valech) y lo pedimos. No se estableció. Sencillamente no aparece. Creo que esto puede ser tema de otro proyecto de ley, porque la verdad es que hay muchas cosas que podrían haber estado ahí, pero da la impresión de que el gobierno no se quiso complicar y tampoco al proyecto”, indicó el diputado Sergio Ojeda (DC) quien integra la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Sin embargo se manifiesta esperanzado ya que “en el Senado se peuden hacer esas cosas”.
Pese a este punto, el parlamentario no escatima en elogios a la nueva repartición estatal, que dependerá del Ministerio de Justicia, que asesorará y colaborará en la elaboración de planes, programas y toma de decisiones relacionadas con la protección de los Derechos Humanos, como el Plan Nacional de esta materia, por lo que concentrará el trabajo que hasta ahora realizaba la Comisión Coordinadora.
“Lo importantes es propiciar la protección de los derechos fundamentales, que fueron violados desde la administración del estado y los agentes del estado, y ahora tendremos asesorías, planes, programas, lineamientos de Derechos Humanos, revisión en Cancillería de tratados internacionales, y lo más importante es que el comité interministerial (integrado por 6 ministerios que) asesorará a la Presidenta”, enfatiza el diputado Sergio Ojeda.
De momento el alzamiento del secreto está a la espera de que se impulse un proyecto de ley. La clase política parece estar dispuesta, pero faltaría el empuje del Ejecutivo.
