Corte Suprema procesa a 15 ex DINA por homicidio de Carmelo Soria
En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal revocó la resolución del ministro instructor del máximo tribunal Lamberto Cisternas, que rechazó los procesamientos.
La Corte Suprema sometió a proceso a 15 ex integrantes de la desaparecida Dirección de Inteligencia (DINA) por los delitos de asociación ilícita y homicidio calificado del funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) Carmelo Soria Espinoza, ilícito perpetrado el 14 de julio de 1976, en Santiago.
En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Haroldo Brito, Gloria Ana Chevesich, Carlos Aránguiz, Andrea Muñoz y Carlos Cerda- revocó este miércoles 19 de agosto, la resolución del ministro instructor del máximo tribunal Lamberto Cisternas, que rechazó los procesamientos.
La Sala Penal de la Corte Suprema sometió a proceso como autores de los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita, a los agentes: Pedro Octavio Espinoza Bravo, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Guillermo Humberto Salinas Torres, Jaime Enrique Lepe Orellana, René Patricio Quilhot Palma, Pablo Fernando Belmar Labbé, Virgilio Paz Romero y Juan Morales Salgado.
También figura en esta lista Armando Fernández Larios, quien vive en Estados Unidos desde 1987, cuando cooperó en el caso del asesinato del canciller Orlando Letelier y su ayudante, la estadounidense Ronni Moffitt, ocurrido en Washington en 1976. En 2006 se solicitó su extradición por el por el secuestro y desaparición del gerente general Cobre Chuqui, David Silberman.
Figura además el ex agente de la CIA extraditado a Estados Unidos en 1975, Michael Vernon Townley, el que está implicado en los atentados al general Carlos Pratt en Argentina, el asesinato en Washington D.C. de Orlando Letelier y el atentado en Roma contra del dirigente democratacristiano Bernardo Leighton.
En tanto, como autores de asociación ilícita, fueron encausados la intelectual y ex pareja de Townley, Mariana Callejas Honores, junto a María Damiani Serrano, Ricardo Muñoz Cerda y Carlos Sáez Sanhueza. Y en calidad de cómplice del delito de homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza, se procesó a José Lagos Ruiz.
Según el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que presidió Raúl Rettig, Soria, economista español , funcionario de las Naciones Unidas y militante del PS fue ultimado por agentes de la desaparecida DINA quienes lo detuvieron y arrojaron al día siguiente su automóvil Volkswagen en el canal El Carmen, en el sector de La Pirámide, con las llaves en el contacto, sus puertas cerradas, algunos vidrios quebrados, sin la radio ni los asientos del mismo, salvo el del conductor, y una botella de pisco para simular un accidente. En el mismo canal fue arrojado el cadáver del diplomático, el cual fue hallado el día 17 a un kilómetro del lugar en que se encontró el vehículo.
La Comisión Rettig se formó la convicción de que Carmelo Soria fue ejecutado por agentes estatales, en violación de sus derechos humanos.
La resolución de la Corte Suprema determinó que Soria, ciudadano español, que también gozaba de nacionalidad chilena fue detenido por los agentes que lo trasladaron a la casona de Lo Curro de Townley y Callejas.
“En este lugar los esperaban o se les unieron durante su permanencia ahí, otros miembros también pertenecientes a la DINA. En ese recinto Carmelo Soria Espinoza fue sometido a interrogatorios, apremios físicos y, posteriormente, ya muerto a consecuencia de la violencia ejercida, los autores buscan la impunidad del delito simulando un desbarrancamiento”, dice el dictamen.
En mayo de este año, el juez de la Audiencia Nacional de España, José de la Mata, propuso al Tribunal Supremo de ese país que sea su justicia la que investigue y juzgue el caso.
