¿Reforma o piedra en el zapato?: Educación crea comisión para “afinar” gratuidad y críticos llaman a “no improvisar”

Una de las grandes promesas realizadas por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, educación gratuita y de calidad, ha sido uno de los factores más discutidos y que más dolores de cabeza ha causado no sólo a la actual administración, sino por cierto a los actores involucrados, sean estos alumnos, docentes y jefes de instituciones educacionales.

La gratuidad, el anhelo querido por todos los estudiantes, y hecho explícito en las marchas del 2011, del movimiento estudiantil en ese entonces encabezado por los actuales diputados Giorgio Jackson y Camila Vallejo, tuvo su primer traspié cuando se nominó (antes de asumir Bachelet su segunda administración) como subsecretaria del ramo a Claudia Peirano. Poco después la cartera -que dirigiría Nicolás Eyzaguirre, ahora en la Secretaría General de la Presidencia- enfrentó críticas porque Peirano se manifestó en contra de la gratuidad en la educación superior en una carta firmada en noviembre del 2011.

“Nos preocupa que nuestros líderes políticos están pensando en extender de modo masivo, más allá de la gradualidad que pueda acordarse, una política amplia de gratuidad en la educación superior”, indicaba la misiva, la que a fin de cuentas terminó por costarle el cargo, sumado a sus vínculos comerciales con su ex marido, Walter Oliva, sostenedor de una cadena de colegios subvencionados y ha defendido el lucro.

Ese traspié marcaría una tónica de un Ministerio caracterizado por “quemar” ante la opinión pública a quienes lo encabecen. La lógica de la secretaría de Estado ha sido a veces más a veces menos confusa, como cuando a Eyzaguirre se le sumó Andrés Palma, como Secretario Ejecutivo de la Reforma Educacional. La lectura que se hizo en ese momento es que el demócrata cristiano llegaba a hacer una suerte de “contrapeso” a la nueva subsecretaria, Valentina Quiroga, proveniente del movimiento Educación 2020. Una “victoria” de los sectores moderados, que buscaban bajar la cuota de cambios radicales que impulsaría el Ejecutivo, aún marcado por la “retroexcavadora”.

Mucho tiempo después, y sin mucha claridad sobre los detalles de la reforma que estableciera la gratuidad universitaria, se realizó un cambio de gabinete y llegó Adriana Delpiano, en medio de vítores de quienes buscaban claridad en los procesos por la educación. Más que mal, ella ofició como Directora Ejecutiva de Educación 2020 desde marzo del 2010 a octubre del 2014.

Pero lo que no sabían es que este período generaría una serie de contratiempos y controversias, los que aún no permiten que Chile llegue a estar medianamente orientado sobre qué pasará con la gratuidad concretamente.

Si bien el cambio de gabinete ocurrió en pleno paro de los profesores, quienes se manifestaron durante casi dos meses por la ley de carrera docente, desde el mensaje del 21 de mayo, Michelle Bachelet adelantaba que la gratuidad en la educación superior sería para los planteles tradicionales. El “realismo sin renuncia” de Bachelet cercó una primera fase de la gratuidad en un 70%, después de que la administración reconociera que “las lucas no daban”.

El porcentaje se bajó de 70 a 60, y luego a 50%, considerando casas de estudio privadas, y sumando una serie de condiciones que deben cumplir las casas de estudio para acceder al beneficio.

“Desconcierto”. En ese concepto se puede resumir cómo las Universidades se han manifestado respecto de los criterios de gratuidad, pasando por el último “chascarro” cuando el sitio web de la secretaría de Estado subió, a juicio del ministerio por “error”, un borrador, en el que cambiaban por tercera vez en 90 días los criterios para alcanzar la gratuidad. Tanto los rectores de las universidades como los estudiantes criticaban la “improvisación” del gobierno.

Después de asumir el “error”, por el que incluso el diputado UDI José Antonio Kast pidió el cargo de Francisco Martínez, quien encabeza la División de Educación Superior (Divesup), los rectores manifestaban que probablemente sería una buena idea retrasar el inicio de la gratuidad, pero preparando un mejor proyecto. De esta forma, indirectamente los rectores dan por perdido el tener un buen proyecto este año, mientras ya están preocupados de los cupos y vacantes, además de los presupuestos que deben organizar con miras al próximo año, con miras a recibir a los estudiantes que cursen la PSU. El proceso empieza ahora y como el gobierno busca financiar la gratuidad del 2016 vía ley de presupuestos, esto deja contra la pared a las universidades: la discusión tendrá lugar tiempo después de que los planteles deban tener resueltas diversas materias para el próximo año.

La gratuidad en la educación superior debe llegar “sin tropiezos ni equivocaciones”. En esa línea se manifestó el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, cuando indicó que si no se aclaraban los criterios, su casa de estudios no se sumaría a los planteles que accedan a la gratuidad. Hoy, en El Mercurio, el rector de la Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, se manifestó en la misma línea que Sánchez.

La cuerda está tensa al máximo y el Ministerio de Educación tomó un giro para intentar acallar estas críticas y tratar de avanzar con un mejor proyecto. Su solución: crear un Consejo Consultivo para la Reforma a la Educación Superior. Nueva instancia que “sugerirá” medidas, con profesionales de indudable prestigio y experiencia en políticas públicas. Con este giro el Ministerio de Educación busca acallar a quienes acusan, muy fundamentadamente, improvisación.

El giro alegró a uno de los sectores más críticos de la gestión en Educación de Bachelet: la Democracia Cristiana. Su presidente, el senador Jorge Pizarro, la valoró como “muy positiva” ya que ahora se va a “reevaluar y analizar de manera más colectiva lo que se está proponiendo”. En la decisión habría influido, según plantea La Tercera, el mismo ministro Eyzaguirre, ex titular de Educación.

Por cierto que el nombramiento de este consejo no dejó contento a todos.

“Mineduc crea consejo de expertos encabezados por (Sergio) Bitar, responsable del ingreso de los bancos a educación para definir proyecto de Esup (sic)”, indicaba ayer Valentina Saavedra, presidenta de la Fech y vocera de la Confech. Si bien Saavedra se equivoca porque, al menos nominalmente, quien dirige el consejo es la experta Fernanda Kri, mientras Bitar era ministro de Educación de Ricardo Lagos, se ideó el Crédito con Aval del Estado, mecanismo financiero para costear la educación que tiene a muchísimos estudiantes endeudados.

La línea refundacional también enfrenta un párele, según las declaraciones del mismo Bitar, quien manifestó que “hay que matizar la opinión de los grupos que pretenden cambiarlo todo o que creen tener la sabiduría superior a todos los demás”.

Los estudiantes aún están lejos de manifestarse contentos. Piden ser parte y ser consultados en la formulación de estos proyectos. Pero aún queda tranco por ver para sentenciar si la reforma a la educación se convierte en el legado y la historia de Bachelet, o pasará a ser una piedra en el zapato.