Hoy vence plazo para que colegios subvencionados decidan si son privados o siguen recibiendo recursos
a prohibición para que los establecimientos lucren levantó una serie de críticas el año pasado, como que colegios se cerrarían. Desde el Ministerio de Educación descartan que se vayan a concretar esas amenazas mientras que los detractores de la medida dicen que el real impacto se verá recién el próximo año.
“Hay quienes han leído los textos de la ley con una visión negativa de la ley y no quieren leerla tal cual dice la ley. No hay ningún establecimiento particular que se vaya a transformar, por la ley, en un establecimiento estatal”. Esas eran las críticas que el 11 de agosto planteaba el secretario Ejecutivo de la Reforma Educacional, Andrés Palma, quien manifestaba que esta medida, la más emblemática del gobierno de Michelle Bachelet, había llegado para quedarse.
A lo anterior, agregaba que, por ejemplo, la ley de inclusión, requiere mayorías muy amplias para cambiarlo. “Cuando los cambios se echan a andar, todo el mundo dice ‘a mí no me gusta’, pero cuando se echó a andar y se empiezan a ver los beneficios, es muy difícil revertirlos”, indicó, pero después hizo presente que habían personas que “les gusta un sistema que segrega” y criticó la existencia de “rumores” e información incorrecta en torno a los cambios impulsados para el sistema escolar.
“Se cerrarán colegios, la reforma es mala y no mejora la calidad de la educación”, eran algunas de las advertencias que realizaban diversos sostenedores de recintos particulares subvencionados, a quienes se sumaron los apoderados de la Confepa.
La ley de inclusión ingresó el 19 de amyo de 2014 y fue aprobada recién a fines de enero de este año.
Fue la primera prueba que pasó la reforma educacional, pero ahora deberá enfrentar una suerte de “test de realidad”, ya que hoy vence el plazo en el que los establecimientos deben informar al Ministerio de Educación si es que continuarán recibiendo financiamiento estatal -ajustándose a una serie de condiciones como colegio- o si es que derechamente pasarán a ser privados.
El temor que se planteaba para estos establecimientos es que muchos cerrarían. Temor que fue refrendado por los parlamentarios de la oposición.
En las condiciones que se contemplan es la prohibición de lucrar con recursos estatales, por lo que estos dineros deben ser reinvertidos. También establece como prioridad que los sostenedores terminen siendo dueños de los terrenos donde estén los colegios, así como también permite un arriendo, pero regulado. En otras palabras, un sostenedor no podrá cancelar por este concepto más del 11% del costo fiscal del bien inmueble, y tampoco podrán generar contratos con entidades relacionadas. Con esto también se prohibe discriminar estudiantes.
A siete meses de las amenazas por parte de los sostenedores como de los apoderados de la Confepa, no se han traducido en una fuga numéricamente significativa.
El Ministerio indica que sólo 9 colegios pasaron a ser particulares pagados.
El mismo Palma explicó que “la amenaza de la gran fuga de colegios no se concretó y esto es porque los sostenedores actúan más racionalmente, entonces saben si les conviene o no, o si prefieren esperar y evaluar mejor la situación, ya que para el próximo año no hay ningún cambio para ningún sostenedor”.
La secretaría de estado explica que los cambios en el próximo año se reflejarán ene l aumento de la subvención escolar preferencial, en el aporte por gratuidad para aquellos colegios que dejen de cobrar copago y el congelamiento de la mensualidad que cobran los sostenedores a los apoderados.
Los críticos de la reforma, como el presidente de los Colegios Particulares de Chile, Hernán Herrrera, indica que no es que el Mineduc haya pasado la prueba, sino que es una suerte de “pre evaluación” y que la decisión final será en diciembre del 2017. “Cualquier situación que se produzca ahora no refleja el impacto de la ley”, declaró a La Tercera.
Si bien el Mineduc informó sobre 9 colegios, Herrera indica que hasta ahora, esto significa que hay familias que deberán retirar a sus hijos porque no podrán pagar el aumento de lo que pagan mensualmente. Por lo bajo advierte que “el 50% de los niños se cambiarán”.
Primeros impactos
Desde la Federación de Instituciones de Educación Particular (Fide), su presidente Jesús Trigero, asegura que la baja cantidad de reportes (de cambios de particular subvencionado a particular pagado) se debe “al atraso con los reglamentos”. Y precisa cómo, a su juicio, cambiaría la situación: “Al pasarse a particular pagado se pierden estudiantes. Un colegio que cobrará 60 mil el próximo año, ya le congelan el copago y al pasarse a privado tendrá que subir la mensualidad al doble, y hay varias familias que no podrán costeralo (…) Varios han pensado en hacerse pagado, pero al consultarle a los padres sobre el aumento de la mensualidad se dan cuenta de que perderán alrededor del 30% de la matrícula”.
La Fide hizo una encuesta a los sostenedores que cobran desde 30 mil de mensualdad, que plantean que son los mas complicados, e indicó que hasta ahora el 12% de ellos (de 150 miembros) plantea convertirse en particular pagado a partir del año escolar 2017.
