La caja de pandora: tensión en la política por petición de la Fiscalía para revelar aportes reservados a candidatos

De a poco el senador socialista Fulvio Rossi se va quedando solo. Como si no fuese suficiente su convalecencia en medio del tratamiento que enfrenta por un cáncer a la tiroides, en su recuperación recibió un misil: se hizo público un correo en el que éste solicitó dineros para un grupo de candidatos al ex gerente general de SQM, Patricio Contesse.

La cordialidad del correo despertó la inquietud de la clase política, la que tuvo que asumir, a la fuerza, una serie de prácticas irregulares y algunas que estarían reñidas con la ley, las que tienen por objeto financiar actividades políticas. Primero fue el caso Penta, luego su arista SQM se volvió caso por sí mismo, y también se espera que Corpesca crezca en ese sentido. Penta afectó a parte de la oposición y la minera no metálica al oficialismo. Todos están, ante la ciudadanía, bajo sospecha.

Algunos de los presentes en la lista de Rossi negaron relación alguna con el senador. Incluso algunos dijeron que no se llevaban bien, y uno de los más notorios citados, el diputado socialista Luis Rocafull, calificó de “indignante, sucio, asqueroso, lo que hizo el senador Rossi con mi nombre”.

“Lamento que se filtre una nómina de personas que recibieron aportes por la vía legal, sin saber de dónde provenían puesto que al ser reservados nunca supieron quién era el donante. Esto no es así porque a mí me guste. Es así porque la ley lo establece”, indicó Rossi, muy apegado a la legislación vigente, pese a estar siendo atacado sin tregua por todos quienes manifestaban su desacuerdo con su vínculo con un operador de la minera del ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, operador que será nuevamente formalizado el próximo 14 de septiembre por diversos delitos en el contexto de financiamiento irregular de campañas políticas.

Ocurrió lo lógico: su Partido Socialista desconoció la existencia de este tipo de prácticas y se puso en duda su militancia, la que sería suspendida si es que se profundizan las eventuales irregularidades. “Si se descubre que algún militante del PS está involucrado en financiamiento irregular de campaña, éste debe ser desvinculadoo de sus labores partidarias”, resumió el jefe de bancada de diputados de ese partido, Manuel Monsalve, en declaraciones recogidas por La Tercera.

Esto trasciende la ya relevante lucha con la presunta ilegalidad -de acuerdo lo que planteen los tribunales- respecto de las prácticas de los políticos. Surge un tema de principios, donde todos abogaban por la probidad, y que acto seguido no pocos han terminado siendo perseguidos por sus propios dichos.

Hace unos meses el senador Alejandro Navarro, entonces vicepresidente de la cámara alta, hizo un emplazamiento a sus pares. Muchos se molestaron. Éste publicó un listado de los parlamentarios que recibieron aportes reservados. El emplazamiento del líder del MAS era claro: que sinceraran si recibieron o no financiamiento por parte de las pesqueras. La discusión en contra de Navarro llegó al punto de que el 1 de julio votaran una moción de censura y lo removieran de su lugar en la testera del Senado. A ese acto, que terminó martirizando al parlamentario, se sumó la votación del miércoles 15 de ese mes, donde se votó el término del carácter de reservado de los aportes a políticos, pero se desechó la posibilidad de que se terminara el secreto de éstos desde el 2003 en adelante.

Los principales argumentos de los parlamentarios que votaron en contra de este último punto tienen que ver con eventuales vicios de inconstitucionalidad. “Cambiar las reglas del juego no es serio. Nos guste o no nos guste, y esto es en las leyes en general, como lo creo” argumentó el diputado Patricio Vallespín.

Sin embargo, estos antecedentes provocaron que esta medida se repensara por parte de los diputados que presentaron la moción de ese entonces. “El peor negocio es estar esperando todas las semanas a que se abran donaciones de empresas, una telenovela por capítulos que lo único que hace es desangrar la democracia”, indicó el diputado Leonardo Soto (PS).

Esto buscaría evitar futuros bochornos, como el vivido por Rossi, el que negó vínculo alguno con la minera no metálica a fines de marzo pasado. Sin embargo, el Ministerio Público funciona a una velocidad distinta: ya envió al Octavo Juzgado de Garantía una solicitud para precisamente revelar los aportes de los 32 citados en la lista de Rossi, para justamente esclarecer las sospechas respecto del origen eventualmente espurio de los aportes que recibieron.

La ley sobre Control de Gasto que rige al Servicio Electoral (Servel) establece en primera instancia el secreto de quien hizo el aporte reservado a algún candidato. El director de la institución, Patricio Santamaría, acotó en su momento que “como en todas sus actuaciones, (el Servel) va a cumplir estrictamente con la ley. La ley en este caso tiene una norma que asimila la reserva de los aportes al secreto bancario. Por lo tanto, si algún juez de garantía levanta el secreto y autoriza a la fiscalía (…) nosotros inmediatamenta vamos a cumplir”. Esta discusión debería ser zanjada en los próximos días por la Justicia.

En ese sentido, existe un suspenso de que se abra esta caja de pandora de los aportes a los parlamentarios, para que de una vez por toda su llamado a la probidad y a la transparencia se haga efectivo realmente, “caiga quien caiga”, como fue lo que planteó el gobierno antes de que integrantes de sus filas se viesen involucrados en estos casos que tienen transversalmente manchada a la clase política.