El parche después de la herida: senadores plantean indicación para legalizar las “precampañas”

Está claro que las miradas de la ciudadanía están posadas sobre la clase política, desde que empezaron, poco a poco, a develarse presuntas irregularidades tributarias en las que habrían incurrido diversos políticos, quienes se supone que financiaron irregularmente procesos eleccionarios de sus candidatos.

Es más: a tal nivel llegó la controversia que La Moneda aún resiste la existencia de la denominada “precampaña”. Si bien existen investigaciones penales en este sentido, la controversia política está centrada en si es que la Presidenta Michelle Bachelet estaba o no enterada de lo que llevó adelante un grupo presuntamente dirigido por quien fuese su ministro de Interior, Rodrigo Peñailillo, quien precisamente debió renunciar al verse vinculado en la investigación, que posteriormente sería conocida como caso SQM.

Con ese contexto en mente, el gobierno intenta impulsar una agenda de probidad y transparencia, en la que se están planteando diversos cambios a los procesos eleccionarios.

Entre otros: hace cinco días los senadores Ignacio Walker (DC) y Felipe Harboe (PPD) -quien además fue subsecretario de Interior de Bachelet- ingresaron una indicación que busca incluir un nuevo artículo en el proyecto. Éste establecería que “cualquier persona podrá constituir un comité exploratorio con el único objeto de indagar la viabilidad de una eventual candidatura al cargo de Presidente de la República o alcalde hasta dos años y un año antes del inicio del periodo de campaña, respectivamente”.

En pocas palabras: se busca normar y permitir una precampaña.

Hasta ahora se entiende que la “precampaña” –nunca confirmada por La Moneda y que Bachelet asegura no haber tenido noticia– habría sido protagonizada por la empresa Asesorías y Negocios, encabezada por el operador político de la Nueva Mayoría, Giorgio Martelli, que habría recibido fondos por parte de SQM, a través de su filial Salar, para financiar una serie de trabajos que no tendrían respaldo en la minera no metálica. Esto habría tenido por objetivo financiar toda la preparación del programa de gobierno de esta administración.

A diferencia de lo anterior -o quizás, para evitar este tipo de prácticas- ahora la enmienda consideraría una serie de regulaciones. Entre otras se especifica que en el período propuesto “se podrán recibir aportes de personas naturales, los que no podrán exceder el equivalente en pesos a 40 unidades de fomento por aportante, y sólo podrán destinarse a asesoría comunicacional, elaboración programática y despliegue territorial, sin que se pueda realizar propaganda electoral durante ese período”, plantea el escrito que presenta La Tercera.

Asimismo, el “comité exploratorio” deberá constituirse de forma oficial por escrito ante el director del Servicio Electoral (Servel) o el respectivo director regional del servicio. “Y será acompañada de una declaración jurada de quien constituye el comité exploratorio, a través de la cual manifestará su intención de explorar una posible candidatura a Presidente de la República o a alcalde”, y esta declaración deberá realizarse ante un notario público o ante un oficial del registro civil.