Buscan aprobar Reforma Educacional en julio del 2016 y Nueva Mayoría duda: “Para qué el gobierno pone plazos si no cumple”

La semana inició marcada por las declaraciones del ministro de la secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre. El ex ministro de Educación padeció de un exceso de honestidad, cuando se manifestó respecto del trabajo que encabezó al mando de la secretaría de estado que ahora es dirigida por Adriana Delpiano. “El programa educacional padeció de exceso de ambición”, fue una de las declaraciones que más eco hicieron este lunes, jornada en la que se realizó también un comité político de Educación.

“La gestión del gobierno no ha sido buena”, insistió el economista y también precisó que la premura al mando de su anterior cartera la sintió “de manera dramática. El Presidente Lagos, cuando fue ministro, se demoró tres años en el Estatuto Docente. En un año dos meses, yo tenía que hacer un anueva carrera docente, reorganizar la educación particular subvencionada, reestructurar la educación pública, y hacer el cambio del financiamiento de la educación superior. Era imposible hacer las cosas bien a ese ritmo”.

Su honestidad fue tomada de manera dispar por parte tanto del gobierno como de la Nueva Mayoría. Mientras algunos se manifestaban de acuerdo, algunos llamaban a dejar el autoflagelo y la autocrítica para ponerse a trabajar.

Y aparentemente en esta última línea estaría la ministra de Educación, la que ayer, quizás desoyendo a Eyzaguirre o muy probablemente en línea con la mandataria, anunció que el objetivo del gobierno es tener aprobada la reforma educacional, completa, para julio del 2016.

Los titulares de los diarios coinciden: para El Mercurio el cronograma “sorprende”, en tanto que La Tercera derechamente lo califica de “ambicioso ”.

Y una de las principales dudas es: ¿A qué línea adscribe la Presidenta?. Algunos, como el ministro Jorge Burgos, apuntaban a que “las entrevistas son personales. Es una autocrítica legítima, honesta, sin comentarios”, mientras que el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, indicó que “esos elementos que están presentes en la entrevista del ministro Eyzaguirre son sin duda elementos que definió en su momento la Presidenta y con los que estamos trabajando”.

Los ministros intentan encontrar su lugar en medio de todas estas intervenciones, en tanto que buscan no quedar como esclavos de sus declaraciones, con el riesgo de sufrir lo que pasó con Burgos, quien -después de que la actual administración intentara instalar el “realismo sin renuncia”, que apunta a cumplir las reformas prometidas con gratualidad- abogó por el “realismo” mientras que la mandataria enfatizaba que “algunos leyeron sólo la palabra realismo, no escucharon el ‘sin renuncia’”.

El gobierno debe seguir trabajando, y una rápida lectura de todo lo anterior apuntaría a que Delpiano está más cerca del “sin renuncia”.

En el comité político de Educación, la secretaria de Estado reconoció problemas en su gestión. Pasó a ser parte de una antología el “chascarro” sufrido por el Mineduc, cuando debió reconocer un “error” al subir un documento con las condiciones para acceder la gratuidad, el cual -según acusaron los rectores de las universidades- representaba un tercer cambio en las reglas del juego en menos de 90 días.

Sin embargo, la presentación del cronograma legislativo, dejó una cuota de sorpresa: la ley de carrera docente debe ser aprobada en diciembre. Desmunicipalización ingresará a fines de Septiembre para -se espera- ser totalmente aprobada en Junio. La reforma en Educación Superior, los plazos apuntan a que entre en diciembre al Senado y salga del Congreso en julio, después de pasar por la comisión mixta.

En resumen: en 10 meses se tramitarían tres leyes y en julio de 2016, la reforma podría estar completamente despachada.

Y a su vez el senador del MAS, Alejandro Navarro, también resumió la postura de los más incrédulos en una simple frase: “No entiendo para qué se ponen plazos si este gobierno ya demostró que no los cumple”, planteó a La Tercera. Otro muy crítico es el senador Ignacio Walker (DC), que espera que lo anterior sea una propuesta tentativa, ya que “carece de toda realidad. Pretender que en el Senado vamos a sacar en dos meses la Carrera Docente, después de una accidentada tramitación de cinco meses en la Cámara y que en dos meses y un poco más vamos a despachar Educación Superior, es no haber aprendido nada del primer año. Es tropezar dos o tres veces con la misma piedra. Me declaro en shock”, indicó a El Mercurio.

Las voces más optimistas provienen del PPD y del PC. El presidente de la primera colectividad, Jaime Quintana, indicó que “el proyecto de Educación Superior perfectamente alcanza a ser despachado en seis meses”, mientras que la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Camila Vallejo, indicó que “hay una definición política de poder despachar estas reformas el próximo año, antes de la discusión de la Ley de Presupuestos”.

El punto es que nuevamente se plantea la disyuntiva de si hacer las cosas rápido y lograr la reforma, con el riesgo de que ésta presente algún tipo de errores, o de concentrarse en aspectos para entregar un buen proyecto. El “realismo sin renuncia” sigue siendo una expresión en proceso de construcción. La gestión en Educación sigue siendo un tanto compleja, y los antecedentes están en la mesa: La lectura que se hizo de la economía provocó que no se dispusieran los fondos para poder haber llevado adelante la reforma como se planteó en un primer término. No alcanzó la plata. De un 70% de gratuidad se bajó a un 60 y finalmente a un 50, incluyendo a las casas de estudio privadas, condicionando el acceso al beneficio al cumplimiento de una serie de exigencias.

La porfía llegó a un nivel tal, que actualmente la gratuidad del 2016 se financiará vía ley de presupuestos, y como esta discusión es más tardía, las Universidades siguen sumidas en la incertidumbre mientras deben hacer proyecciones para los cupos del próximo año. Los estudiantes son un tema aparte, ya que están todos en suspenso: ¿podré estudiar gratis o no? ¿La universidad que me interesa, o a la que puedo entrar, será parte de todo esto?.

Si bien la disyuntiva provoca discusiones en el gobierno y su coalición, la perjudicada por la incertidumbre termina siendo siempre la ciudadanía. Las encuestas no acompañan a la actual administración y los índicen plantean que ésta, entre varios factores, sería la razón.