Candidato a Contralor propuesto por Michelle Bachelet fue demandado por el Estado

En abril terminó el período de 8 años de Ramiro Mendoza al mando de la Contraloría. En ese entonces los miedos giraban en torno a la demora que tomaría la nominación del sucesor del actual decano de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, la que tardó 9 meses.

Pues a 5 meses de la salida de Mendoza, anoche la Presidenta Bachelet envió un oficio al Senado, en el que postuló al abogado Enrique Rajevic al cargo de Contralor General de la República, cargo que tiene por misión fiscalizar al estado y sus reparticiones, donde también se vela por la probidad en el funcionamiento de los distintos estamentos de la administración pública.

Rajevic -cercano a la DC y al ministro del Interior, Jorge Burgos– actualmente se desempeña como asesor del Ministerio de Vivienda y anteriormente fue Director Jurídico del Consejo para la Transparencia. Su nombre tiene que ser aprobado por al menos tres quintos de la Cámara Alta. No obstante existe un antecedente que adelanta un grado de polémica que puede tener esta votación.

Éste licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile y Máster en Política Territorial y Urbanística de la Universidad Carlos III de Madrid enfrentó una demanda que interpuso el Consejo de Defensa del Estado (CDE) el 2010, a causa de una millonaria deuda que el actual candidato sostenía con el fisco a través del entonces Ministerio de Planificación y Cooperación (Mideplan).

Los antecedentes fueron publicados por El Líbero, y la deuda respondía a una beca que le fue otorgada por el citado ministerio, para que pudiera doctorarse en Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid entre el 2000 y el 2003.

Eran tres años de estudios los cubiertos por el beneficio, que además contaban, entre muchas cosas, con un subsidio mensual de 820 dólares, además del pago de matrículas y gastos de la universidad. También se sumaba una asignación anual de 300 dólares para libros, otra de 700 dólares al año como seguro de salud y además el pago de pasajes de ida y vuelta entre Chile y España, entre otros costos.

El Mideplan administraba el programa de becas con el dinero del Estado, el que determinó, a través del CDE, entablar una demanda contra Rajevic.

El escrito, fechado el 17 de mayo del 2010 e ingresado en el 21 juzgado Civil de Santiago, establece que el beneficio exigía mantener un nivel alto de rendimiento en los estudios, además de cumplir todas las exigencias académicas de los cursos y, como gran parte de las becas otorgadas por el estado chileno, regresar a nuestro país para integrarse a universidades o entidades de investigación o en la administración pública por el doble de tiempo de lo que permaneció en el extranjero.

Estas exigencias habrían sido incumplidas, por lo que el Mideplan habría solicitado poner término al beneficio, exigir el pago del dinero que ya se habría entregado, y además, exigir la restitución del total de los montos, que ascendían a 31 millones 133 mil 145 pesos. La senadora de Amplitud Lily Pérez especificó en esta jornada que lo que incumplió Rajevic tendría que ver con la demora en su proceso de titulación. “La beca la obtuvo el 2000, estudió hasta el 2003, posteriormente tiene 5 años para poder titularse y se titula el 2011, 11 años después de obtenida la beca“, indicó la parlamentaria.

Si bien inicialmente se planteó que la deuda estaría saldada, la misma senadora Pérez indicó que más bien esta situación habría prescrito -se extinguió la responsabilidad que se le atribuyó a la persona objeto de la demanda- y la causa estaría archivada, pero estos antecedentes hacen recordar las críticas que recibió la actual administración, a causa de la desprolijidad en los nombramientos y perfectamente podría utilizarse como argumento en su contra en la votación de la Cámara Alta.