Aviso de bomba en el Centro de Justicia alerta al GOPE mientras formalizan a Martelli y a personas ligadas a la Nueva Mayoría

Llegó la jornada clave del caso SQM. Hoy, tras un intrincado recorrido investigativo, el Ministerio Público formalizará a un grupo de siete personas, entre ellas el operador político Giorgio Martelli, vinculado a la pre campaña de la Presidenta Bachelet. También comparecerá el ex diputado radical Alejandro Sule,  la militante DC Clara Bensán, el colaborador de Carolina Tohá, David Flores, el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, el ex ejecutivo de la minera, Roberto Guzmán, y el ex vicepresidente de RN, Claudio Eguiluz. La diligencia se realiza en el Octavo Juzgado de Garantía ubicado en el Centro de Justicia.

Pero como guinda de la torta para un proceso digno de una película de suspenso e intrigas, horas previas a la llegada de los imputados, un aviso de bomba en las cercanías del Centro de Justicia alertó a Carabineros, que desde temprano tuvieron que cortar el tránsito y evacuar a personas en el lugar. Pese al susto y a que de seguro a algunos imputados les hubiese encantado que el aviso hubiese sido real para dilatar el proceso, la audiencia se ha podido desarrollar de igual manera. ¿Qué es exactamente lo que sucederá en ella? Aquí te lo contamos.

Formalización de cargos

Hoy se notificará formalmente, ante el Octavo Juzgado de Garantía, el por qué motivos están investigando a estas personas, entre las cuales hay sujetos vinculados con la Nueva Mayoría.

El historial de los formalizados

Las personas citadas ante el tribunal hoy son el geógrafo y autodenominado operador político de la Nueva Mayoría Giorgio Martelli, el que a través de su empresa, Asesorías y Negocios (AyN) habría recibido pagos por cerca de 246 millones de pesos, de parte de SQM Salar, filial de la minera no metálica. Estos pagos no tendrían sustento, pero se tiene relativamente claro que con esos dineros se financió el trabajo de una serie de personas que elaboraron el proyecto de gobierno de Michelle Bachelet, y que después se desempeñaron en el gobierno, como el ex director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorratt, el otrora ministro de Hacienda Alberto Arenas y el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, del que aún existe controversia sobre cuán relevante era su posición en la precampaña

Además está la contadora Clara Bensan, ex DC, que también habría facilitado facturas falsas a la minera no metálica, además de una empresa del grupo Said, en períodos electorales del 2009 y del 2013.

Se consideran también al ex diputado radical Alejandro Sule y el dirigente PPD David Flores. El primero solicitó a correligionarios o asesores emitir boletas para justificar servicios. Flores, en tanto, habría pedido también que se emitieran boletas justificando servicios, vinculando al último proceso investigado el de la actual alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá.

El ex vicepresidente de Renovación Nacional, Claudio Eguiluz ha sido uno de los que, por vía jurídica, más ha resistido la fecha de formalización. La jueza Ema Tapia, del Octavo Juzgado de Garantía, anuló su primera fecha de formalización porque indicó que debía existir una querella nominativa en su contra por parte del Servicio de Impuestos Internos para que el Ministerio Público formalizara. La Fiscalía apeló, porque este fallo ponía en una posición complicada la investigación. La Corte de Apelaciones, de todos modos, acogió la apelación de la Fiscalía, estableciendo que cuando el SII se querella o hace una denuncia, es en contra de “todos quienes resulten responsables”. La defensa de Eguiluz, Marcelo Torres, recurrió a la Corte Suprema y esto aún no se resuelve. El Ministerio Público imputa a Eguiluz el pago por parte de SQM de 112 millones 500 mil pesos a través de boletas supuestamente falsas.

También están citados el ex gerente general de la minera, Patricio Contesse, y el abogado Roberto Guzmán, formalizados en una instancia previa por actos que están relacionados con la entrega de fondos de manera irregular a campañas

¿Termina hoy el proceso?

Para nada. Hoy solamente se presentan los cargos, y el tribunal dará un plazo de investigación, el que eventualmente se puede extender. Al finalizar éste se deben rendir las pruebas del caso y posiblemente empezar un juicio. Existe una suerte de controversia al interior del Ministerio Público, ya que quien está a cargo de todos estos casos, el Fiscal Nacional Sabas Chahuán, ha intentado poner “paños fríos” a las expectativas, e indicó que era poco probable que hubiera penas de cárcel al finalizar estos procesos judiciales. Sin embargo, en otras instancias, uno de los fiscales más reconocidos de estas causas, Carlos Gajardo, indicó que por la reiteración del delito podría elevarse la cuantía de la pena para, eventualmente llegar a algún tipo de presidio.

De todos modos hoy lo que sí podría ocurrir es que el ente persecutor determine solicitar medidas cautelares más o menos graves para los involucrados. La más grave es la prisión preventiva, y de ahí se consideran arresto domiciliario total, o de carácter nocturno, o eventualmente sólo firma mensual o quincenal y arraigo nacional. Estas medidas cautelares son, como su nombre lo dice, para cautelar el proceso investigativo, y que, por poner un ejemplo extremo, no se escape uno de los involucrados.

¿Cuál es la trascendencia del Servicio de Impuestos Internos en estos casos?

Es muy trascendente el actuar del SII, ya que son los únicos facultados para solicitar que se persiga penalmente a alguna persona que haya incurrido en alguna infracción de carácter tributario. Ellos envían las querellas o denuncias (en la primera se requiere un rol más activo a nivel judicial de quien la presenta) y luego el Ministerio Público obtiene facultades para solicitar información contable. La discrepancia principal es que las defensas de los involucrados indicaban que sólo se podía formalizar a las personas que tuvieran una acción penal en su contra. En tanto el Ministerio Público es de la opinión que en los escritos del SII se incluye la frase “contra quienes resulten responsables”, lo que abre la posibilidad a indagar no sólo a los querellados, sino que también a los que resulten meramente mencionados en los escritos. Los tribunales de primera instancia y la Corte de Apelaciones apoya a la Fiscalía en esta tesis, pero aún falta que la Corte Suprema se pronuncie respecto de este tema, en el caso de Eguiluz.