Corte Suprema critica control de identidad: “Difícilmente aceptable en un Estado democrático de Derecho”
El máximo entidad de la justicia nacional cuestiona la medida, a la que califica como “inusual” y que “disminuye las facultades de control que poseen los tribunales”.
“Cuando Dios está de vacaciones, la Corte Suprema lo reemplaza”, reza un dicho de pasillo de los tribunales de justicia que, de alguna manera, refleja la importancia que tiene el máximo tribunal del país, instancia que termina dirimiendo conflictos de máxima importancia, e incluso generando jurisprudencia respecto de controversias legales, que consideran la más amplia gama de temas, con su vertiente jurídica, como derechos laborales, civiles, y por cierto penales.
Por otra parte, la agenda antidelincuencia que impulsa el gobierno ha llevado adelante una serie de iniciativas que han generado ruido. Por un lado está el aumento a las penas de robos y delitos contra la propiedad, pero uno de los más polémicos es por cierto el control preventivo de identidad, el que ha sido comparado en diversas oportunidades a la temida detención por sospecha, ampliamente utilizada en Dictadura en nuestro país.
Ocurre que el pleno de la Corte Suprema informó a la Comisión de Constitución de la Cámara su postura ante esta agenda corta antidelincuencia del gobierno.
La opinión de este tribunal, en el documento firmado por el presidente subrogante, juez Milton Juica, evidencia una serie de críticas a la agenda y gran parte de sus cuestionamientos van en contra del control preventivo. De acuerdo al máximo tribunal del país, esta iniciativa aparece como algo “difícilmente aceptable desde la perspectiva de un Estado democrático de Derecho”.
La lectura que se hace es que con ampliar las facultades -de carácter preventivo, como se plantea en la legislación- de Carabineros, “se enmarca en una evolución legislativa que paulatinamente otorga mayores espacios de discrecionalidad a Carabineros, disminuyendo las facultades de control que poseen los tribunales”.
La regla es derechamente calificada de “inusual”, ya que según el análisis que plantea la Corte Suprema, el control preventivo “propone ampliar aún más el rango de los indicios”.
De acuerdo a La Tercera, parte de la bancada transversal antidelincuencia rechazó las críticas que planteó el máximo tribunal. El diputado RN, Gonzalo Fuenzalida, señaló que “un funcionario pide la identificación de la persona y con eso basta, no necesariamente es detenida. Creamos una figura nueva que no tiene relación con una investigación penal, es una facultad preventiva, no investigativa”.
En la misma línea que Fuenzalida, su par PPD, Daniel Farcas, indicó que “la Corte (Suprema) tiene el derecho de hacer sus lecturas y nos parecen importantes, pero finalmente la división de los poderes (del Estado) hace que el Legislativo dictamine las leyes, por ende, ellos aplican e interpretan la ley que nosotros votamos”.
La agenda corta antidelincuencia fue aprobada por los diputados el 9 de septiembre y ahora el Senado debe analizar sus contenidos.
