Caso Corpesca: Fiscalía analiza desaforar a senador Jaime Orpis
La persecutora a cargo de las indagatorias, Ximena Chong, tendría los antecedentes suficientes para aclarar cómo se entregaban los dineros que la pesquera entregaba al parlamentario gremialista vía asesores, que emitían las boletas. Ante una eventual formalización, se estaría contemplando una cautelar privativa de libertad.
El senador de la UDI, Jaime Orpis, reconocía en una carta enviada a El Mercurio diversas irregularidades relacionadas con los dineros de su campaña. Las deudas lo habrían tenido acomplejado.
Sin embargo el parlamentario descartó en todo momento que los dineros que le entregó Corpesca, empresa del grupo Angelini, hubieren influenciado su labor legislativa. Esto, porque los dineros que habría recibido vía la emisión de boletas de sus ex colaboradores, habrían llegado en plena discusión y votación de la ley de Pesca. Incluso, se habría configurado una entrega mensual de dineros, 2 millones de pesos, entre el 2010 y mayo del 2013.
El Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, nominó a la persecutora Ximena Chong, de la zona Centro-norte, como la que encabezaría las indagatorias del caso, y ella no perdió tiempo. Decretó la incautación de los computadores del senador, lo que tuvo lugar poco antes de que éste sufriera un infarto, el que lo tiene en recuperación hasta estos días.
Pero eso no ha impedido que la fiscal continúe con sus diligencias, y si bien ha citado al senador -bajo la figura de “invitado”, al ser parlamentario en ejercicio- a prestar declaración, éste aún no ha podido asistir.
La investigación continúa, y Chong, de acuerdo a La Tercera, ya tendría la configuración por los delitos que se persiguen, que van desde el cohecho -o el recibir pagos en favor de alguien siendo funcionario público- hasta el lavado de activos -“ocultar” el dinero obtenido mediante la compra de bienes.
Con toda la información recabada, el Ministerio Público -en una eventual comunicación de cargos o formalización- estaría en condiciones de solicitar medidas cautelares privativas de libertad en contra del senador. Estas van desde la firma en recintos policiales, con el arraigo nacional, pasando por el arresto domiciliario nocturno, total o hasta la prisión preventiva.
Esto no es posible mientras que Orpis sea parlamentario, como ocurrió con el diputado Felipe De Mussy y el senador Ivan Moreira (ambos UDI) en el marco del caso Penta. Por tanto, se estaría analizando desaforar -o suspender los privilegios de legislador- de Orpis, para dar curso a estas medidas cautelares, lo que podría incluso ocurrir antes de que preste declaración ante el Ministerio Público.
