Mails de ex asesor de ME-O a SQM confirman entrega de dineros de la minera a sus campañas
A pesar de haberlo negado en reiteradas ocasiones, Marco Enriquez Ominami parece estar involucrado directamente en los casos de financimiento irregular: el Ministerio Público posee en su poder dos mails que mencionan directamente aportes de la firma que dirigía Ponce Lerou, al candidato "proyecto de ME-O".
Los mails son una de las pruebas más frecuentes que se han presentado en el conocido caso SQM, donde se investigan los aportes de la minera no metálica a campañas políticas. Esto se habría llevado a cabo a través de la emisión de boletas o facturas ideológicamente falsas, para entregar una justificación para los dineros entregados a diversos políticos.
En este caso, como publica Qué Pasa, la Fiscalía está en posesión de dos correos, fechados en el 2010 y 2011, que aclararían el vínculo de la firma con las actividades del presidenciable Marco Enríquez-Ominami.
El autor del correo es quien fuese el jefe de campaña de ME-O, Cristián Warner, el que luego fue respondido por Katherine Bischof, secretaria del ex gerente general de SQM, Patricio Contesse.
Si bien existían pruebas, también correos, que habrían sido enviados entre el 2011 y el 2012, este mail en particular establecería un vínculo más directo entre Enríquez-Ominami y SQM, donde se hace una referencia explícita al “proyecto de ME-O”.
El correo fue enviado por Warner el 27 de diciembre de 2010, después de la primera presidencial en la que participó, y en el momento en el que se estaba rearmando para su segunda incursión electoral. Tiene por asunto “saludos”, y sería importante para el Ministerio Público, ya que establecería el inicio de la relación con la minera no metálica.
En ese entonces se supone que la compañía se habría comprometido a pagar 4 millones de pesos mensuales, los que luego aumentarían a 14 millones, y que ascienden a un total de 362 millones de pesos entre el 2011 y el 2013. Estos dineros habrían sido entregados después de la emisión de 34 boletas por parte de Cristián Warner Comunicaciones Publicidad y Marketing EIRL a SQM Salar. Estas boletas son las que están presentes en la última querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos.
Los correos dicen: “Estimada Katherine, junto con saludarla y desearle muchas felicidades en este año que termina, me permito molestarla para saber si ha tenido alguna referencia al tema que le planteaba hace unos días atrás, referido al proyecto de Marco Enríquez Ominami. Disculpe la insistencia y le agradezco de antemano la disponibilidad”. Atte, Cristián Warner”.
Luego, Bischof contestaría el 10 de enero de 2011: “Estimado don Cristián: una consulta –cuándo era el monto del aporte comprometido por don Patricio? (él se encuentra de viaje)”, slds, Kathi Bischof”.
La mención al “proyecto de ME-O” sería la pieza clave para que el Ministerio Público intente demostrar que el presidenciable es el facilitador, ya que estas boletas no tendrían sentido sin la existencia de Enríquez Ominami, según indican desde el Ministerio Público.
No obstante, en las acciones penales que presentó el Servicio de Impuestos Internos esta semana se restringe a los que están querellados, y no incluye la frase “contra todos los que resulten responsables”. Es una diferencia importante de las querellas anteriores, las que -de acuerdo a la tesis que utiliza la Fiscalía- permiten perseguir no sólo a los facilitadores de boletas, como Warner, sino también a los que habrían recibido los recursos, como sería el caso de Marco Enríquez-Ominami.
La querella se ha interpretado como un “rayado de cancha“, labrado presuntamente para evitar llegar, a través de investigaciones penales, a los políticos involucrados en el financiamiento ilegal de la política.
Hasta ahora la Justicia ha respaldado las pretensiones del Ministerio Público, después de que la defensa del ex Vicepresidente de RN Claudio Eguiluz -basándose en su anulada formalización o comunicación de cargos- presentara en la Corte de Apelaciones y luego en la Corte Suprema intentara argumentar que no se podía formalizar sin que el nombre del sospechoso estuviera en una querella del Servicio de Impuestos Internos, única entidad facultada para presentar acciones penales por delitos tributarios.
Los tribunales apoyaron la postura de la Fiscalía, por lo que estarían analizando la formalización de Enríquez-Ominami.