Justicia amenaza con abrir “caja de pandora”: ordena a Cencosud, Antarchile y Quiñenco revelar sus aportes a la política

La política ha estado en vilo desde mediados del año pasado, cuando se desató la intrincada trama judicial, que luego derivó en el caso Penta, y luego surgieran otras aristas, como SQM y Corpesca.

Tanto Nueva Mayoría como Alianza resultaron afectados por los antecedentes recabados por los fiscales, los que hundían cada vez más a los parlamenterios o dirigentes mencionados.

La figura inicial de cómo regularmente se entregaban los dineros es que se emitían boletas o facturas ideológicamente falsas -comprobantes que no tienen respaldo del trabajo que se supone se realizó- y el dinero se entregaba a los candidatos o dirigentes en cuestión. Con esto, además, las empresas cometían un delito tributario, lo que provoca que el Servicio de Impuestos Internos los persiga.

Esa es una vía, y hace unos meses, surgió un nuevo actor en esta trama de financiamiento de actividades políticas. Óscar Gajardo presentó una serie de querellas en contra de múltiples empresas reconocidas en nuestro país: Copec, Banco de Chile, Cencosud, Enersis, SQM, AntarChile, Lan, Quiñenco y Falabella.

El fundamento de su querella tiene que ver con el perjuicio que habrían sufrido minoritarios de esas empresas, tal como él, a causa de la decisión -a espaldas de los accionistas- de entregar donaciones políticas mediante los aportes reservados.

En la querella, Gajardo precisa que los directores de estas Sociedades Anónimas son administradores de un patrimonio que no es de ellos, el que debe ser administrado de forma correcta.

Uno de los antecedentes que trascendió esta mañana, es que el Cuarto Juzgado de Garantía determinó acoger el levantamiento del secreto de los aportes reservados a políticos que otorgaron Quiñenco (del grupo Luksic), Antarchile (grupo Angelini) y Cencosud (de Horst Paulmann).

El fundamento del escrito, el que fue ingresado por el fiscal Ezio Braghetto de la zona Oriente, establece que esto se da porque “los aportes o donaciones políticas provendrían de la distracción (desviación) de fondos sociales que fueron entregados en administración por la sociedad”. Dichas donaciones habrían generado un evidente perjuicio tanto para la sociedad como para cada uno de los accionistas.

A lo que accedió el tribunal es que Cencosud revele sus aportes –con montos y nombre de destinatario– desde el 16 de junio de 2005 hasta la fecha, para AntarChile se solicita desde agosto del 2003 a junio del 2015 y el de Quiñenco considera desde agosto del 2003 hasta estos días.

Si bien la Superintendencia de Valores y Seguros evacuó un informe donde establece que los aportes de empresas a campañas políticas no violan la Ley de Mercado de Valores, y tampoco vulnerarían el interés social de los accionistas. Pese a todo esto, la abogada Bárbara Salinas, que representa a Gajardo, asegura que esto no sienta jurisprudencia -no da un criterio para que los tribunales o instituciones evalúen más adelante- ya que responde a un caso particular.

¿Qué es lo relevante?

El Ministerio Público ingresó un escrito solicitando el término del secreto de los aportes que SQM envió a cerca de 30 candidatos que estaban citados en una lista que el senador Fulvio Rossi -quien suspendió su militancia al Partido Socialista- envió al ex gerente general de la minera no metálica, Patricio Contesse, solicitándole financiamiento para ellos.

Si bien Rossi considera que esto se hizo en el marco de la legalidad, esto aún está por esclarecerse. El tribunal indicó al Ministerio Público que entregara más antecedentes para justificar el levantamiento de este secreto, lo que efectivamente la Fiscalía realizó.

Por tanto, este fallo daría paso para que se empiece a develar el criterio con el que actuarán los tribunales para determinar si es que se revelan o no estos aportes reservados, las empresas detrás de ellos, y los candidatos que recibieron los montos. El principal cuestionamiento sería si existe concierto entre las empresas y los candidatos. En ese caso se puede cuestionar la forma en la que los parlamentarios votaron en materias de diversa índole.

Algo en ese sentido se está esclareciendo en el caso del senador Jaime Orpis (UDI) el que reconoció haber recibido aportes irregulares por parte de Corpesca (también del grupo Angelini) mientras se discutía sobre la Ley de Pesca. Orpis asegura que ésto no le habría ejercido influencia alguna en la forma de votar, pero aún falta que el Ministerio Públicio, en este caso dirigido por la fiscal Ximena Chong, se pregunte cuán veraz son esas declaraciones o no. La palabra final debiera tenerla la Justicia.