Universidades dudan que recursos para gratuidad sean “suficientes” y Privadas acusan “castigo” a sus estudiantes
Una vez ayer develado el misterio sobre cómo se entregará el dinero del presupuesto a las casas de estudio, junto con una serie de condiciones que deben cumplir los planteles, la incertidumbre se centra en esa diferencia que existe entre lo que el Estado pagará por las carreras y lo que cobran las universidades. Consejo de rectores aceptará sólo por este año estas condiciones.
El tiempo corre y por goteo se van entregando detalles sobre cómo cerca de 200 mil estudiantes, pertenecientes al quinto decil -cuyo ingreso por persona no supere los 140 mil pesos al mes- pasarán el 2016 a estudiar gratis. Pero esta información aún tiene una serie de interrogantes, que surgieron con fuerza precisamente después de que el gobierno determinara que se entregarán directamente recursos a las universidades a través de un apartado del presupuesto.
Uno de los puntos relevantes responde a un posible monto que aún no tendría quién lo pague. Esto, porque para que el Estado entregue recursos a los planteles, se fijará en el precio de la carrera determinado por el Mineduc (montos que se liberarán a final de año y son específicos para cada carrera en cada universidad), más un 20% del costo del programa de estudios. En caso de que el llamado arancel real (lo que la Universidad cobra) de la carrera supere lo que entregará el Estado, existe una diferencia que está en tierra de nadie. El gobierno adelantaba ayer que los estudiantes no tendrán que pagar este monto, lo que inmediatamente generó preocupaciones en los rectores.
“Hemos dicho que esta fórmula puede entenderse de cara al año 2016, pero no puede ser el régimen definitivo de la gratuidad para el financiamiento de la docencia de pregrado”, indicó a La Tercera Aldo Valle, vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades de Chile (CRUCh), y agregó que “no sabemos si los recursos nuevos son efectivamente suficientes para cubrir las necesidades que se crean”, según reproduce El Mercurio.
Estas dudas también tienen otro tipo de implicancias. Para adelantar la gratuidad -ya que recién a finales de año se enviará el proyecto de ley para crear la norma de como se financiará la educación superior- se utilizó el Presupuesto, lo que deja una serie de condiciones para aprobar estos dineros que se entregarán directamente a las universidades.
Por ejemplo, el presidente de la Corporación de Universidades Privadas, Jaime Vatter, aseguró que se está castigando a los alumnos de recintos educacionales no tradicionales. Esto, “por una decisión que adoptaron en el pasado (ingresas a sus universidades) con la información que se entregó en su momento“, ya que ahora se especifican por lo menos tres condiciones para acceder a la gratuidad por parte de las universidades privadas: 4 años o más de acreditación, tener altos índices de participación de estudiantes, trabajadores y académicos en el gobierno universitario, y no tener relación con personas jurídicas que lucren. Ahí queda un bolsón de estudiantes vulnerables, que están en establecimientos privados, y que no podrían acceder a esta gratuidad.
Además, la crítica por parte de la oposición tiene que ver con la inconstitucionalidad de esta medida. La senadora UDI Ena Von Baer resume que “esta glosa (la que determina la entrega de dineros a las universidades) tiene vicios de inconstitucionalidad, porque discrimina a estudiantes de iguales condiciones económicas por estar en distintas instituciones”, lo que es refrendado por el senador DC Ignacio Walker asegura que quedarán fuera “400 mil estudiantes vulnerables”.
Todavía queda mucho por recorrer y por aclarar de esta gratuidad, y el reloj está corriendo, al considerar de que la Prueba de Selección Universitaria tendrá lugar entre el 30 y noviembre y el 1 de diciembre, y recién este lunes los rectores se reunirán con Francisco Martínez, de la División de Educación Superior, para aclarar algunos puntos sobre cómo se entregarán estas platas.
