Miembros del Ejército habrían gastado más de US$10 millones del cobre en “sobornos, casas, caballos y fiestas”

“Casinos, propiedades, caballos y fiestas”. De esta forma el coronel Clovis Montero, uno de los oficiales investigados por un millonario desfalco al Ejército, describía algunos de los gastos incurridos por el resto de funcionarios con dineros provenientes de la Ley Reservada del Cobre.

El método, de acuerdo a la información publicada en The Clinic, no sería muy complicado. Los primeros antecedentes se circunscriben entre enero y marzo del 2014, a causa de una compra supuestamente falsa de repuestos de autos militares a la empresa Frasim, de Francisco Javier Huincahue. Por esa operación, el cabo Juan Carlos Cruz admitió haber recibido 15 millones de pesos como soborno. Montero intentó detener esta operación y solicitó de regreso 53 millones de pesos, el que fue luego entregado al tesorero del Ejército.

Pero las operaciones no se habrían quedado ahí. En mayo de ese año el tesorero del Ejército, el general Samuel Poblete, detectó la falsificación de una serie de firmas, en operaciones de 303 millones de pesos a través de otro proveedor, Raúl Fuentes Quintanilla, aparte de los cerca de 50 millones de Huincahue. Pero Clovis Montero cambió su declaración, y admitió haber recibido 35 millones de pesos, en una bolsa negra, por parte del mismo Huincahue.

Los millones empezaban a sumar, y en las investigaciones internas, los militares detectaron facturas falsas por Frasim que ascendían a 127 millones de pesos, y las de Fuentes Quintanilla superaban los 303 millones de pesos.

La gravedad del asunto sería tal, que en septiembre del año pasado llegó a la subsecretaría de Defensa. Estas facturas seguían sumando sin parar: Frasim (de Huincahue) presentaba operaciones que superaban los 370 millones de pesos en 2013. La empresa de Quintanilla sumaba también otros 370 millones. Luego se encontraron más millones que venían de la Ley Reservada del Cobre, que ascendían a 555 millones de pesos.

En el oficio 4069 a la VI Fiscalía Militar, se establece que las facturas pagadas sólo a la empresa de Raúl Fuentes Quintanilla, con fondos de la Ley Reservada del Cobre, superaban en realidad los 1.400 millones de pesos.

Los involucrados, principalmente funcionarios de Finanzas y comandantes del Comando de Apoyo a la Fuerza –división del Ejército que es responsable de la ejecución de la Ley reservada del Cobre-, habrían gastado en este tipo de lujos el dinero que sobra después de gastar en armamento.

Este “saldo” o “remanente”, que queda después de haber invertido en tecnología para la seguridad nacional, no es controlado y su uso sería arbitrario. De hecho, Montero asegura que estos recursos terminan destinados -sin autorización- a la compra de ropa, o a financiar viajes, entre otros bienes y servicios costeados con estas “sobras”.

Ello explicaría en parte que el Ejército pagó cientos de millones de pesos contra facturas que ni siquiera estaban autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos. O que tenían orden por robo. O que pertenecían a sociedades con término de giro.

Otra arista son los nulos estándares exigibles para convertirse en proveedor de los desembolsos secretos del Ejército. “Se deben cumplir mínimos requisitos que deben ser presentados a la Jefatura de Adquisiciones”, precisó el coronel Montero en la información entregada a The Clinic. “No hay control de calidad”, remató.

¿Cómo una cantidad tan grande de dinero pasa sin algún tipo de fiscalización, ni del Congreso, ni de Contraloría, ni de nadie? A continuación, te detallamos algunos de los puntos para entender lo espectacular de este desfalco de dinero bautizado como “Milicogate”.

¿Qué es la Ley reservada del Cobre?

Es la ley que tiene carácter de secreta, cuyo objetivo es financiar el armamento del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Fue promulgada el 29 de octubre de 1958 bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Luego, con la nacionalización del cobre en 1971 y la creación de Codelco en 1976, los dineros disponibles aumentaron, de la mano con el aumento del precio del cobre. Por lo visto, las tentaciones para mal ocuparlo también habrían aumentado. Estos dineros llegan al Consejo Superior de Defensa Nacional (Consudena).

¿Cuánto dinero significa aproximadamente?

El aporte recibido por el Ejército es un impuesto del 10% del valor de las exportaciones del cobre y sus derivados. En los últimos 15 años, la cifra superó los 20 mil millones de dólares. En tanto, hoy estos montos estarían sumando 5 mil millones de dólares.

Es decir, cerca de 17 veces lo que se destinará para la etapa inicial de la gratuidad universitaria. Lo defraudado, por su parte, estaría a la orden de los 10 millones de dólares, entre 2011 y 2014, que ha sido lo investigado. Aunque existen antecedentes que permiten afirmar que los desfalcos comenzaron en 2008.

Por ejemplo, el cabo Cruz, uno de los investigados, gastó entre 2008 y 2011, 2.400 millones dólares en un tragamonedas del Monticello.

La Ley indica también que el Ejército tiene un piso de 180 millones de dólares, que si no se cumple con las exportaciones, como ocurrió en 1986 y 1987, su diferencia debe ser cubierta por la Tesorería General de la República.

¿A qué está destinada esta plata?

El dinero está destinado a la compra u organización de recursos, logística, operaciones, capacitaciones, o sea una serie elementos asociados al funcionamiento de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

En el gobierno anterior de Michelle Bachelet, además, se agregó una “cuarta cuenta” que sirve para presentar proyectos en conjunto de los comandantes en jefe y las autoridades. Se supone que funciona como una suerte de “fondo concursable”, donde se evalúa el uso que se le da a estos montos.

El aspecto más controvertido es que una cantidad importante del dinero está destinado a la compra de armamento. Sin embargo, como declaró el coronel Clovis Montero, lo sobrante de la compra de armamento, así como también las operaciones fraudulentas, se habría utilizado para pagar viajes, vestimenta, e incluso se sospecha que diversos funcionarios se habrían enriquecido de forma ilícita.

¿Por qué no se fiscaliza?

En el Ejército estos montos son administrados por el Comando de Apoyo a la Fuerza, sin embargo, estos gastos no son fiscalizados ni por la Contraloría, ni por el Congreso, ni por ningún ente estatal fuera del Ejército. Básicamente, no le rinden cuentas a nadie.

Los argumentos esgrimidos responden a que se estaría revelando información sensible para la seguridad nacional. Tal es el secreto, que en el sitio de la Biblioteca del Congreso -donde están publicadas todas las leyes del país- al intentar revisar este documento, se entrega el siguiente mensaje: “La presente ley tiene el carácter de reservada y por consiguiente, su texto ha sido publicado en una edición restringida del Diario Oficial”.

Sin embargo, existen diversas instituciones, como el grupo de Información Jane’s, servicio de suscripción pagada, que hacen publicaciones y estudios periódicos en los que tratan materias de seguridad, donde se revelan detalles de los intereses y compras de armamento de las Fuerzas Armadas de todo el mundo, entre ellas Chile. O sea, la compra de armamento termina haciéndose pública a través de publicaciones especializadas como la mencionada, lo que contradice el argumento del Ejército para mantener estos gastos reservados.

Un par de ejemplos: en abril del 2015, la Fuerza Aérea recibió uno de los dos aviones cisterna Martin KC-130R, entregados por la Agencia de Cooperación de Seguridad y Defensa de Estados Unidos, por el precio de 700 mil dólares. O que la firma suiza RUAG, de defensa aeroespacial, anunció en mayo que su división tendría acuerdos con ENAER, encargados del mantenimiento de aeronaves chilenas.

Esto muestra que los detalles están en manos de agencias de información especializada, pero no para el resto de los chilenos.