Caso SQM: Citan a declarar en calidad de imputado a Marco Enríquez-Ominami
El equipo persecutor encabezado por el Fiscal Nacional Sabas Chahuán busca esclarecer los pagos que la minera no metálica le habría realizado al ex colaborador del presidenciable, Cristián Warner.
El 27 de diciembre del 2010, Katherine Bischof, secretaria del entonces gerente general de SQM, Patricio Contesse, recibió un correo de parte de quien fuera colaborador de la campaña de Marco Enríquez-Ominami. Este colaborador era Cristián Warner, quien le pregunta a la secretaria por “alguna referencia” respecto del “proyecto de Marco Enríquez-Ominami”.
Ella responde preguntando “¿Cuánto era el monto del aporte comprometido por don Patricio?”, y luego, en marzo del 2011 se registra el primer pago de la minera a la sociedad de Warner: 4 millones de pesos, monto que después pasó a ser una entrega mensual -y hasta a veces bimensual- hasta febrero de 2012, cuando comienzan a facturarse montos de 14 millones 300 mil pesos.
Luego, en diciembre del 2011, Warner pide agendar una reunión entre Contesse y ME-O. En paralelo, entre Bischof y Warner se refieren al “nuevo aporte” de 250 mil dólares en 12 pagos mensuales. Y ya en el 29 de octubre de 2012, el ex asesor envió un correo a Katherine Bischof pidió “pasar el recado a don Patricio de parte de Marco. Que le agradece enormemente su ayuda y que terminando la gira nacional lo pasará a ver para agradecerle en persona”. La secretaria, según La Segunda, reenvió el correo a Contesse.
Ésta es la información que dispone el Ministerio Público, y que sirvió de fundamento para que el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, citara en calidad de imputado a Marco Enríquez-Ominami a declarar por estos dineros, que configurarían un eventual delito tributario.
El líder del PRO debería presentarse ante los persecutores en un plazo cercano a las dos semanas. Después de esta diligencia, el Ministerio Público determinará si formaliza -o comunica cargos- a ME-O. Esta decisión debiera estar tomada a finales de octubre.
Sin embargo, existe una salvedad importante para intentar formalizar a Enríquez-Ominami.
El único facultado para presentar querellas en contra de posibles infractores tributarios -por asuntos relacionados con los impuestos- es el Servicio de Impuestos Internos.
Cuando se presentó la querella en contra de Giorgio Martelli (autodeniminado operador político de la Nueva Mayoría) y SQM Salar, donde está incluido Cristián Warner, a diferencia de la acción penal contra Claudio Eguiluz, ex vicepresidente de RN, no se incluyó la frase “contra quienes resulten responsables”, por lo que la querella estaba dirigida exclusiva y nominativamente contra los mencionados. En ese escenario, los abogados del candidato podrían apelar a esta formalización -a través de un recurso de amparo- usando justamente el argumento bajo el cual la mayoría de los imputados por casos de financiamiento irregular de la política buscaban impugnar su comunicación de cargos ante un tribunal: que no estaban expresamente mencionados en la querella.
De acuerdo al vespertino, el Fiscal Nacional busca apurar esta gestión para hacerse cargo él mismo de esta discusión. Con esto, buscaría dejarlo como antecedente y último hito de su gestión en los casos que investigan el financiamiento irregular de la política. El principal argumento que tendría el máximo persecutor es que lo que realiza el SII es denunciar “hechos” y que es la Fiscalía la que decide cómo y a quiénes investiga para acreditar estos delitos. Esto, bajo la premisa de que el Servicio no puede limitar una investigación penal.
De acuerdo a los antecedentes que dispone el Ministerio Público, entre marzo del 2011 y junio de 2012, necesariamente habría varios pagos de otras empresas, ya que Warner declaró ante los fiscalizadores del SII que su empresa había prestado servicios para Chilectra, SQM Salar, Ops, Inversión Los Castaños y Fundación Euro Chile.
En ese sentido, el Ministerio Público está solicitando al SII estos datos. No es la primera vez que la Fiscalía procede de esta manera: cuando se investigaba a Penta y se indagaron las boletas de María Carolina de la Cerda, cuñada del ex subsecretario de minería Pablo Wagner (éste ya formalizado), se abrió la arista que luego se transformó en el caso SQM.