Candidato a Contralor ha suscrito contratos con el gobierno por más de 120 millones de pesos

El diagnóstico habría sido compartido. La presentación que hizo el abogado DC, Enrique Rajevic, ante la Comisión de Constitución del Senado fue considerada “impecable” por los parlamentarios presentes. Incluso esta apreciación habría sido compartida por los mayores detractores de su postulación a la Contraloría General de la República: los senadores Alfonso De Urresti (PS) y Pedro Araya (independiente).

Hay dos tipos de argumentos en contra de la postulación de este abogado, ex DC, cuya candidatura fue impulsada con fuerza por el titular de Interior Jorge Burgos. Unos tienen que ver con la falta de diálogo por parte del gobierno a la hora de consensuar un nombre con las bancadas de senadores oficialistas. Estarían “picados”, en pocas palabras, porque no se planteara de forma más delicada un nombre para que encabece la institución a cargo de fiscalizar el correcto gasto de las platas del Estado, así como también de visar los actos administrativos del gobierno.

Los otros planteamientos tienen más que ver con problemas que empañan la postulación de una persona a un cargo cuyo antecesor, Ramiro Mendoza, dejó con una vara muy alta. Rajevic fue demandado por el Estado a causa de una beca, que se le otorgó en el 2000 para cursar un doctorado en España, plan de estudios que recién culminó cerca de 11 años más tarde. Por esto el Consejo de Defensa del Estado cursó una acción civil en su contra, la que terminó siendo “incobrable”, por lo que se desestimó.

El otro factor tiene que ver con las asesorías y trabajos que Rajevic realiza y ha realizado en diversas reparticiones del Estado: ha estado en el Comité Interministerial de Modernización de la Gestión Pública en 1999 y ha sido asesor de la Agenda de probidad y transparencia en el 2007. Además fue asesor y jefe de gabinete del Ministerio de Vivienda entre 1996 a 1999, además de haber trabajado en ese cargo en el 2000, 2005 y 2006. Estaría actualmente en ese cargo, y también ha colaborado en los ministerios de Hacienda, Economía y en la Dirección de Presupuesto en el 2014.

Con todos estos antecedentes sobre la mesa, los cuestionamientos se centraron en una eventual falta de independencia por parte de Rajevic, algo complejo para alguien que encabece la Contraloría.

Estos cuestionamientos podrían profundizarse más aún.

Hoy El Líbero publicó que, en la información que entrega el Estado, Rajevic registra cuatro contratos por 120 millones 192 mil pesos en diversas asesorías a los ministerios de Vivienda, Hacienda y Ecoomía, y a la Dirección de Presupuesto. Hasta septiembre pasado el gobierno le ha pagado a Rajevic 97 millones 528 mil pesos.

Los contratos a honorarios tienen por fecha el inicio de la actual administración de Michelle Bachelet, el 11 de marzo del 2014, y es más: los acuerdos con el Ministerio de Vivienda y Hacienda estarían vigentes hasta el 31 de diciembre de este año.

Además, en los últimos tres meses del año pasado, Rajevic habría percibido un ingreso mensual superior a los 8 millones 400 mil pesos, por los servicios que simultáneamente prestaba a las secretarías de Estado de Vivienda, Hacienda y Economía. El Minvu le pagó 4 millones 400, y los otros ministerios 2 millones cada uno. Entre mayo y junio del año pasado, el mismo Minvu le aumentó su sueldo de 2 millones y medio a 4 millones 400.

Entre toda esta información, el 20 de mayo de este año, el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, le adjudicó directamente, o sea sin concurso público, la realización de “estudios y asesoría técnica en materias referidas a empleo público para el cumplimiento del protocolo de acuerdo entre la mesa del sector público y el gobierno de Chile año 2015”. Este contrato está vigente hasta diciembre y tiene un valor de 24 millones, los que se pagan en cuotas mensuales de 3 millones de pesos.

Uno de los que manifestaron reparos por la postulación de Rajevic, el senador Pedro Araya, indicó a El Dínamo que en su currículum están presentes estas asesorías, lo que motivaron las preguntas respecto de si consideraba que esto pudiera complicar su gestión a la cabeza de la Contraloría. El abogado contestó que no, pero aún así se adelantó que los parlamentarios solicitarán informes en derecho para analizar si estos contratos representarían algún tipo de inhabilidad de carácter administrativo para asumir el cargo.

El margen de negociación por la nominación de Rajevic ya es complejo, y el gobierno tiene como plazo máximo hasta el 6 de noviembre para concretar la votación en el Senado.