Fiscales piden terminar encuentros “privados” entre políticos y candidatos a nuevo Fiscal Nacional

Si los políticos están en la mira de la ciudadanía por las investigaciones en contra de algunos de estos por presuntamente haber recibido financiamiento irregular para sus actividades, también la gente está muy atenta al organismo que encabeza estas indagatorias: el Ministerio Público.

Y esto, porque es la institución que en nuestro país está a cargo de llevar la persecución penal en contra de toda persona en Chile que cometa delito.

He ahí la importancia de quién sea el próximo Fiscal Nacional. Quien sea el sucesor del actual máximo persecutor, Sabas Chahuán, tendrá a su haber los casos que han tenido a toda la clase política en vilo. Bajo él están los equipos que indagan el caso Penta, el caso SQM, y Corpesca, sin perjuicio de las nuevas aristas que surjan.

Es en ese sentido que los ojos de la opinión pública están pendiente de los movimientos que tienen los abogados que fueron seleccionados por la Corte Suprema, para que luego la Presidenta Bachelet proponga uno al Senado, donde se debe votar o rechazar: estos son Raúl Guzmán, José Morales, Luis Toledo, Juan Enrique Vargas y Jorge Abbott.

Y como la ratificación en este cargo depende de políticos, algunos de los legistas mencionados empezaron a tomar contactos desde hace tiempo con diversos parlamentarios, siendo el más sonoro el encuentro entre José Morales, actual Fiscal Jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la zona Centro-Norte y el senador PPD Guido Girardi. Ésta habría ocurrido en la residencia de este último.

En ese sentido la Asociación de Fiscales, encabezada por el persecutor Claudio Uribe, se hizo cargo de estas informaciones, y emitió un comunicado en vísperas de que se revele el nombre que la Presidenta proponga al Senado. Aquí, los persecutores manifiestan su rechazo a “absolutamente cualquier compromiso privado que se exija como requisito para ser nombrado en tan alto cargo”. Con esto, luego precisan que “debe evitarse a toda costa que se use la elección de Fiscal Nacional como una forma de obtener concesiones en causas de connotación nacional y que afectan a grupos o personas vinculados a la actividad pública”. O sea, se busca impedir que eventualmente en algunas de las reuniones se plantee limitar en algún sentido las investigaciones contra políticos.

Sin embargo, a renglón seguido, intentan a blindar a los fiscales que se presentaron (el único que no lo es, de la quina seleccionada por la Corte Suprema, es Juan Enrique Vargas, decano de Derecho de la UDP), al indicar que ninguno de ellos “comprometerá de modo alguno la autonomía institucional”.

En ese sentido, en el comunicado se hace un llamado a los postulantes, para que “terminen cualquier tipo de contacto privado con autoridades o personas que puedan influir en la elección”. En relación a esto, agregan que “las actuales exigencias de transparencia que rigen a nuestra sociedad no hacen recomendable este tipo de gestiones”.

Respecto de este punto, el gobierno, a través del vocero Marcelo Díaz, indicó que no se hará cargo de estas aseveraciones. “Son materias ajenas al actuar del gobierno. Ahora le corresponde a la Presidenta elegir un nombre, del resto no nos corresponde hacernos cargo a nosotros”, manifestó Díaz.

El comunicado de la Asociación también hace un llamado, pero ahora a las autoridades, a no vincular esta elección “con otros procesos, por relevantes que sean”. Con esto recuerdan lo que ocurrió con el fracaso en la votación del candidato a Contralor, Enrique Rajevic, nombre impulsado por el ministro del Interior, Jorge Burgos, donde se ha manifestado que se estaría labrando un acuerdo, que consideraría aprobar a Rajevic, a cambio de que sea el Senado quien manifieste una preferencia respecto del candidato al cargo de Fiscal Nacional.

Este miércoles 14 de octubre vence el plazo para que la Presidenta envíe el nombre a la Cámara alta.