Fiscal Abbott se cuadra con el SII: sin querella “no es viable ninguna acción penal”

No es exageración decir que el gobierno obtuvo una aplastante victoria ayer, cuando consiguió 32 votos en el Senado -en la práctica, una aprobación unánime- y logró que la cámara alta ratificara la nominación de Jorge Abbott Charme, actual Director Ejecutivo del Ministerio Público, para que ostente el cargo de Fiscal Nacional por los próximos 7 años (deberá dejar su cargo un año antes de completar su período a causa de su edad).

El 1 de diciembre, Sabas Chahuán -actual máximo persecutor de la institución y de quien Abbott sería su “continuador” a nivel de gestión– deberá dejar la dirección de las investigaciones que tienen contra las cuerdas a la clase política. El nuevo Fiscal Nacional tendrá que tomar una serie de decisiones respecto de los casos Penta, SQM y Corpesca, y en su presentación ante los senadores, dio una serie de pistas que dan una suerte de pauta para ver cómo avanzarán estas causas, las que también oficiaron como señales para allanar al parlamento a su favor, tras la intensa negociación que encabezó la ministra de Justicia, Javiera Blanco.

Una de las discusiones más intensas del Ministerio Público con sus investigados y los tribunales tiene que ver con el Servicio de Impuestos Internos (SII). En la mayoría de los delitos que investiga la Fiscalía, en el caso de los políticos, la configuración del ilícito se daría por la emisión de documentos tributarios falsos, con los que se intentaría justificar la entrega de dineros irregulares a actividades políticas. En ese sentido, sólo el SII puede presentar una querella o denuncia para investigar a estas personas.

Ha sido una controversia constante, en la que quien llegó más lejos fue el ex vicepresidente de RN, Claudio Eguiluz. Su defensa argumentó que sin una querella nominativa en su contra no se le podía formalizar -comunicar cargos- ante la Justicia. El Ministerio Público, después de que esta postura fuese avalada por la jueza Ema Tapia del Octavo juzgado de Garantía, apeló y se estableció que ellos podían realizar esta formalización. Uno de sus argumentos fue que en las acciones penales presentadas por el SII se afirma que se investigará “a todos quienes resulten responsables”. Ya habría jurisprudencia, o se habrían unificado los criterios.

Pero ayer, en la presentación de Abbott ante los senadores, manifestó que “respecto de las investigaciones tributarias que no tiene querella, yo creo que el artículo 162 del Código tributario (el que deja esta responsabilidad exclusiva en el SII) es una norma legal vigente y en consecuencia, si no hay querella o denuncia, no es viable ninguna acción penal“. Y luego también especificó, respecto de que no se podría avanzar en estas investigaciones, pese a que por “mucho que haya alguna jurisprudencia que indique que se puede formalizar sin la denuncia o querella nominativa, el cual (la formalización) es un acto de garantía en el que le comunico a alguien que lo estoy investigando”.

Esto va en una línea similar a las últimas querellas que ha presentado el SII, donde ha “rayado la cancha”, pronunciándose específicamente sobre personas y o instituciones, eliminando la frase de “contra quienes resulten responsables”. Ahí podría haber un supuesto freno.

También aseguró respecto de que ellos, el Ministerio Público, “debemos ser profundamente respetuosos de nuestras actuaciones, para no afectar la presunción de inocencia“. Esto, porque ante la opinión pública, al formalizar a alguien, se le empieza a catalogar inmediatamente como culpable, por lo que hizo un llamado de prudencia. Asimismo, criticó la forma en la que la información ha aparecido en los medios e indicó que “el tema de las filtraciones es grave“. Anunció que se impulsarían investigaciones administrativas y penales, y también se elaboraría un sistema de trazado para llegar a la fuente de los documentos. Con esto impulsaría algo que se califica como una impronta de su gestión cuando encabezó la Fiscalía regional de Valparaíso: investigaciones con bajo perfil.

También deberá hacerse cargo de las expectativas de la misma ciudadanía respecto de si habrá o no prisión para los políticos investigados y sus cercanos. Éste resultó un punto en el que -a través de entrevistas- el actual Fiscal Nacional Sabas Chahuán tendría una opinión distinta de el fiscal Carlos Gajardo, el que encabeza la causa Penta, y que ha sido criticado por legisladores y abogados defensores de los imputados -o personas a las que se les atribuye participación en un delito.

Chahuán no cree que estos delitos puedan terminar con cárcel, y Gajardo apuntó a que la reiteración de los delitos haría merecedor de penas de crimen o prisión. Las primeras pautas las empezó a dictar Chahuán, ya que como reveló hace unos días El Mercurio, ya empezaron a labrarse los primeros inicios de juicios abreviados (se acepta la responsabilidad y se entrega una condena menor) o suspensiones de procedimiento (se aceptan condiciones y, después de un cierto período de tiempo, se elimina el registro del delito) con algunos de los imputados. Como Fiscal Nacional, a Abbott se le considera continuador de la gestión de Chahuán, pero sólo se podrá apreciar en el futuro, cuando se tomen estas decisiones.

Y otro punto es, precisamente, quién terminará tomando estas decisiones. Uno de los puntos tiene que ver con que Abbott anunció que se inhabilitaría de ver el caso Penta, porque el presidente de ese holding, Alfredo Moreno Charme, es su primo hermano. Esto entonces implica que el equipo que instauró Chahuán, con los fiscales Gajardo y Pablo Norambuena, a quienes se suman Emiliano Arias y Carmen Gloria Segura que indagan SQM, así como también Ximena Chong a la cabeza de Corpesca, tendría riesgos de reorganizarse, como indica El Mercurio.

Gajardo postulará al cargo de Fiscal Regional Oriente, y Arias postulará a la jefatura de la Fiscalía Regional Occidente. Estos nombramientos los habría de determinar Sabas Chahuán, pero cuando asuma Abbott, estas causas pueden perfectamente ser relocalizadas en algunas fiscalías regionales, tal como inició la causa Penta, en la zona Oriente. Pero estos movimientos aún deben evaluarse y afinarse, en la medida que se acerque el 2 de diciembre, día en el que Jorge Abbott asumirá como nuevo jefe del Ministerio Público.