Fiscal Nacional solicita desaforar al senador Jaime Orpis por caso Corpesca
Sabas Chahuán ingresó este viernes el escrito a la Corte de Apelaciones de Santiago. Esto da pie para esclarecer las intenciones del Ministerio Público: formalizar y solicitar medidas cautelares en contra del parlamentario, el que está siendo investigado por diversos delitos vinculados con el financiamiento irregular de sus actividades políticas.
Lo adelantó la mañana de este viernes, y poco después trascendió que el Fiscal Nacional Sabas Chahuán ingresó un escrito a la Corte de Apelaciones, en el que solicita desaforar al senador de la UDI, Jaime Orpis, a causa de la investigación que existe en su contra por presuntos aportes irregulares, a través de asesores, así como también el supuesto mal uso de cerca de 100 millones de pesos en asignaciones parlamentarias.
El parlamentario gremialista se encuentra actualmente bajo licencia médica por un infarto que sufrió, lo que ocurrió en paralelo al avance de las diligencias que encabeza la fiscal Ximena Chong, una de las persecutoras que tramita las causas que involucran a políticos, todas aglomeradas bajo la dirección del Fiscal Nacional.
Por tanto, con el ingreso de este escrito finalmente se debe determinar si es que se le despoja del fuero parlamentario a Orpis, lo que lo dejaría en condiciones de ser formalizado y quedar sujeto a medidas cautelares -no condena-, las que oscilan entre la firma quincenal o mensual en un retén de carabineros, o el arresto domiciliario nocturno o total, y la más gravosa: la prisión preventiva.
El senador reconoció haber recibido financiamiento irregular por parte de Corpesca -se cuentan 2 millones mensuales entre 2010 y 2013- y ahora enfrentaría una demanda por parte del Consejo de Defensa del Estado por el delito de cohecho (coima) y mal uso de dineros públicos, lo que se suma a una grave imputación de las que sería objeto: lavado de activos (ocultar el origen ilícito de dinero mediante compra de bienes).
Orpis ha insistido en que estos dineros, entregados por la pesquera del Grupo Angelini, no habrían influido de manera alguna en sus votaciones, aunque el período en el que se supone que recibió estos recursos se tramitó la Ley de pesca.
