Partidos políticos luchan “a brazo partido” para impedir que el Servicio Electoral supervise elecciones internas

Lo que fue una lucha casi a nivel intelectual, se ha replicado al mismo tiempo en materia legislativa. Desde el gobierno han impulsado una serie de medidas en pos de la transparencia y la probidad, después de que la ciudadanía haya castigado a toda la clase política con altísimos porcentajes de desaprobación.

Los casos de presunto financiamiento irregular de la política amenazaban desde el año pasado con herir de muerte a la política, y la actual administración de Michelle Bachelet debió hacer frente a este contexto e impulsó una agenda con múltiples medidas para ayudar a hacer más clara la labor de la política.

Esto vino de mano de una comisión, que tomó el nombre del economista y académico Eduardo Engel, la que propuso una serie de medidas, las que fueron tomadas por el gobierno y las han intentado impulsar, no sin encontrar resistencia en los mismos políticos.

La polémica de hace unas semanas tuvo que ver con el refichaje de los militantes de los partidos. El mismo Engel criticó que de a poco la comisión de constitución del Senado, encabezada por el ex presidente de la DC, Ignacio Walker, resistía el reinscribir a quienes forman parte de un partido político, lo que tendría por objetivo depurar el padrón: esto significa eliminar a las personas que militen en dos colectividades al mismo tiempo, o limpiar de estos registros a quienes hayan fallecido. La sospecha es que estos partidos en realidad no tienen el peso o adherentes a nivel nacional que se supone que deberían tener. Engel decía que esta limpieza del registro tendría que realizarse en un año, mientras que los senadores plantearon que fuera a lo largo de dos años, y más bien apuntaban a suspender militancias, en vez de borrarlos de los registros.

Walker sangró por la herida. Tomó las críticas como propias y mandó a Engel a leer libros de historia de Chile. Le indicó que era muy fácil hablar de política y partidos sin conocer la lógica interna de las colectividades, e intentó cerrar -sin éxito- la discusión con un categórico emplazamiento: “(Engel) no tiene idea de política”.

Walker recibió la crítica de la ciudadanía, pero al parecer la protección de los partidos políticos -la causa “más impopular” que el ex timonel de la falange asegura defender- no es sólo suya, sino que también los diputados de la Comisión de Constitución de la cámara baja también han intentado evitar que entes externos se inmiscuyan en determinaciones de su partido.

Este martes, en la mencionada instancia legislativa, el diputado socialista Leonardo Soto conversaba con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre. De acuerdo a La Tercera, este último le comentó al primero que las resoluciones de las juntas de accionistas de empresas, cuentan con fiscalización externa, lo que es la Superintendencia de Valores y Seguros. De esta forma, Eyzaguirre graficaba y comparaba la disímil situación que enfrentan las empresas versus los partidos políticos. Estos últimos, en la comisión, rechazaron la injerencia del Servicio Electoral (Servel) y del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) respecto de los partidos políticos, que también se planteó desde la misma comisión Engel.

El rechazo fue prácticamente cerrado, y uno de los puntos tiene que ver con que el Tricel podría erigirse como una instancia a la que un militante determinado de un partido pudiera impugnar las elecciones internas. En cambio, los partidos remitieron esta fiscalización al tribunal supremo del mismo partido. O sea, dentro de la misma colectividad que un militante buscaría impugnar.

Asimismo, se votó otra enmienda de la iniciativa del gobierno, que establecía la presencia de un ministro de fe en las definiciones internas. El rechazo fue total y el argumento era que resultaba poco practicable. El diputado Soto propuso esto, en cambio, para elecciones nacionales, directivas, y organos intermedios, como consejos generales o comité central. Nuevamente de un portazo se cerró el rechazo a esta gestión.

Uno de los parlamentarios que ha explicitado su rechazo es el diputado Osvaldo Andrade, el que asegura que el Servel ya está reforzado con herramientas para fiscalizar, y acusa que existiría una supuesta ambigüedad respecto a la redacción de enmiendas y facultades que se quieren sumar al organismo eleccionario.

“A la abrumadora mayoría de la comisión le pareció que era suficiente las dos instancias internas que serían los tribunales regionales y el tribunal supremo. Y la fiscalización respecto de los partidos tiene que ver con los recursos y sus estatutos”, especificó Andrade, pero manifestó que si el gobierno “es más explícito en lo que quiere, tenemos la mejor disposición. Sería súper importante precisar qué es lo que el gobierno quiere”.

En esa misma línea, el martes de la semana pasada, la misma comisión rechazó otra indicación que presentó el gobierno, la que entregaba la posibilidad a los militantes a reclamar ante el mismo Servel si las colectividades políticas se negaban a entregar información. De la misma manera, dejaron esas facultades en el Tribunal Supremo de la respectiva tienda política.

“Bienvenida sea la fiscalización por parte del Servel. Pero el gobierno tiene que acotar cuál va a ser el rol del Servel, porque va a ser materialmente imposible que fiscalice todo”, indicó el presidente de RN y diputado Cristián Monckeberg.