A lo Breaking Bad: mails falsos, computadores tirados al río y los detalles del “cartel del papel confort”
Por más de 10 años SCA (antes llamada PISA, de propiedad del ex ministro Gabriel Ruiz-Tagle) y CPMC, del grupo Matte, habrían acordado fijar sus precios para enfrentar así la guerra de precios que se desató en este rubro cuando entró la marca "Acuenta", de bajo costo, por parte de Líder -ahora Walmart.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ente que persigue irregularidades a nivel del mercado, vela por el respeto a la libre competencia y persigue a quienes se coluden para fijar precios, tras una investigación que empezó el 4 de diciembre del año pasado, presentó un escrito donde acusa la existencia de delitos en el mercado de la confección, venta y distribución de derivados del papel. Los investigados son la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y la SCA -ex PISA- por colusión en el mercado de los papeles higiénicos, como servilletas, toalla nova, pañuelos de papel y confort, entre muchos otros productos.
La CMPC es del grupo Matte, y comenzó en marzo de este año a colaborar con la investigación de la FNE, a través de la figura de la delación compensada, que responde a entregar todos los antecedentes y reconocer la culpa para reducir sustantivamente las penas o multas que arriesgan. SCA (siglas para Svenska Cellulosa Aktiebolaget o “Compañía de celulosa sueca”) hizo lo mismo, pero recién el 7 de octubre.
La historia de este cartel
La colusión se dio entre CMPC y PISA, que fue más adelante comprada por SCA, fue a mediados del año 2000, en el Club de Golf Las Brisas de Chicureo. Ahí se reunieron el ex ministro del Deporte de Sebastián Piñera, Gabriel Ruiz-Tagle (pre candidato a la alcaldía de Providencia), quien era dueño de PISA, y Jorge Morel, quien fuese gerente de la división Tissue (pañuelo, en inglés) de la CMPC. Según el escrito que presentó la FNE, ambos ejecutivos habrían acordado subir los precios, como forma de enfrentar el ingreso a ese mercado de la marca Acuenta, de la que Walmart es dueña.
Ruiz-Tagle y Morel no sólo pusieron fin a la guerra de sus precios, sino que definieron mantener estable su cuota en el mercado antes de que estallara la guerra de precios: 76% en CMPC y 24% PISA. Los precios de los productos de la última estarían por debajo de los precios de la primera.
Luego hubo tres encuentros más, al menos, según plantea la FNE. Se reunían en una compañía de bomberos en Avenida Apoquindo (foto de referencia), y empezaron a sumarse más ejecutivos: Cecilia Häberle, Eduardo Serrano, Alejandro Nash, Cristián Rubio, José Luis Aravena y Fernando Riquelme de CMPC y Miguel González y Felipe Baraona de PISA.
Ahí se estableció una planilla para controlar este acuerdo. Se llamó “Bomba”, por el lugar donde se reunían. Dos veces en cada semestre se monitoreaba la participación de estas empresas en los dos canales tradicionales de venta: supermercados, venta directa de las empresas, o las farmacias. Si había diferencia en lo que se acordó, las dos empresas creaban mecanismos para “corregir” estas diferencias. Se intercambiaban listas de precios, y éstas, junto con más información, se enviaban a través de casillas de correo creadas específicamente para revisar este tema. En ese momento, según la Fiscalía Nacional Económica, quienes llevaban adelante las reuniones para seguir con el acuerdo responden a Felipe Álamos (CMPC) y Eduardo Hola (PISA). Dejaron la Bomba, y se reunían en hoteles lujosos, como el Marriot, el Intercontinental, Director y el Radisson.
Las listas de precios se enviaban entre el 2007 y el 2008, a través de los correos “encripta@hotmail.com”, que los ejecutivos de CMPC usaban bajo el nombre de “Mario Soto” y “tororedondo@hotmail.com”, que tenía por “nombre” a “Macnelly Morales”. Todo se enviaba a la casilla “ppmm12@gmail.com”, de PISA. A finales del 2008 estas se dejaron de usar. ¿Qué pasó en ese año? Explotó el caso Farmacias, otro bullado caso de colusión por el alza acordada de los precios de los medicamentos.
Pero los contactos no terminaron ahí. Entre los años 201 y 2012, Eduardo Hola recibió a Felipe Álamos en su casa, de acuerdo al escrito que ingresó la FNE ayer al Tribunal de la Libre Competencia. Ahí se revisó información de alza de precios, y se les terminaron dominando “Parte de matrimonio”.
También se da cuenta de que los ejecutivos estaban al tanto del carácter ilícito de sus actitudes. Los correos se crearon exclusivamente para esto, evitando dejar registro en mails institucionales, usaron celulares prepago para hablar con la competencia, y lo más llamativo hasta ahora: ejecutivos de la CMPC incluso se deshicieron de unos computadores, para eliminar evidencia, por lo que los arrojaron al canal San Carlos, en diciembre del 2011.
Desde la CMPC confirmaron la colusión, y enfatizaron en que efectuaron una autodenuncia para conocer estos ilíticos. Por estos hechos se le solicitó la renuncia a uno de los involucrados, Jorge Morel, ahora ex gerente general de CMPC Tissue. La FNE denunció ayer ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) la existencia de un cartel.
¿Cómo funcionan los carteles?
Son dos o varias empresas, de un rubro específico del mercado –como los remedios, el asfalto o los pasajes de buses– que regularmente son las empresas más grandes del sector, y éstas se ponen de acuerdo para normar o ajustar los precios. En este caso CMPC y la sueca SCA se pusieron de acuerdo para fijar y subir sus precios de venta durante más de 10 años, y mantenían estables sus participaciones de mercado en el negocio masivo, así como también planteaban ciertas posiciones para los precios de los productos comercializados de derivados del papel.
¿Cómo funciona la delación compensada?
Como se mencionaba, esto es reconocer los hechos ante, en este caso, la Fiscalía Nacional Económica. Funciona de una forma similar a las investigaciones criminales, cuando un delincuente reconoce haber cometido un delito ante los fiscales, y así se evalúa la posibilidad de solicitar una pena menor. En el caso de la FNE, ésta sólo está facultada para presentar multas en contra de estas empresas. Respecto del “cartel del papel higiénico”, la primera empresa en empezar a entregar su versión, la CMPC no experimentaría multa, en tanto que para SCA, que hace poco comenzó a cooperar, se piden 20 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), lo que equivale a 15 millones y medio de dólares.
¿Existen eventuales penas de cárcel?
Es prácticamente imposible que ello ocurra. Por lo menos la Fiscalía Nacional Económica (y posteriormente el Tribunal de la Libre Competencia) maneja entre sus posibles “penas”, una amplia gama de multas, bastante grandes, pero algunas de éstas, como lo que ocurre con CMPC, quedan sin efecto cuando se acogen a esta delación compensada. Lo más probable es que alguna Fiscalía (que por donde ocurrieron estos ilícitos correspondería a la Unidad de Alta Complejidad de la Zona Oriente) tome el caso y pueda imputar delitos. Uno de los que se considera es la “alteración fraudulenta de precios”, pero tal como ocurrió en el caso de las Farmacias, el Ministerio Público tiene que cumplir con un estándar de prueba bastante alto como para confirmar la culpabilidad de un delito que no cuenta con altas penas. En el mencionado caso, se intentó llegar a un millonario acuerdo reparatorio, el cual fue desechado por uno de los abogados querellantes, se hizo de nuevo el juicio y absolvieron a los ejecutivos involucrados, pese a que se acreditó en el Tribunal de la Libre Competencia esta colusión.