La lucha de poder que enfrenta a los Cores con el Gobierno: rechazarán a nivel nacional proyectos del Ejecutivo

Los Cores (Consejeros Regionales que analizan y aprueban las inversión para su región, propuestas por el gobierno central a través del Intendente) están en pie de guerra con el gobierno. ¿La razón del enfrentamiento? Una indicación en un proyecto de Ley sobre Gobierno y Administración Regional que actualmente se tramita en la Cámara, que según la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, les quita atribuciones y poder de decisión. 

Por eso, casi el 90 por ciento de los 278 Cores que hay en el país, pertenecientes a todo el amplio espectro político, han tomado una drástica decisión: votar en contra de todos los proyectos de inversión enviados por el Ejecutivo y así poner en jaque una serie de iniciativas que van desde la pavimentación de calles a la construcción de hospitales en diversas comunas. Esto hasta que el gobierno no modifique el punto que a juicio de los Cores que se oponen a la nueva ley, les quita poder de decisión.

“No vamos a aprobar iniciativas de interés del gobierno central hasta que se solucione este tema”, dice Marcelo Carrasco, presidente de la Asociación Nacional de Cores.

La indicación de la discordia es la siguiente: actualmente los Cores tienen entre sus funciones aprobar o rechazar proyectos de inversión presentados por el intendente, que es el representante del gobierno central.

Así lo explica Carrasco: “Hoy día por ejemplo, si el gobierno central dice que hay 2 mil millones de pesos para salud, uno como Core vota cada uno de los proyectos que se harán con esa plata: de esos dos mil, 800 irán a un hospital, otro tanto a una posta, y el resto irá para ambulancias de cierta comuna”. Los Cores, explica Carrasco, pueden aprobar, rechazar o sustituir -en caso de que haya una opción alternativa- cada uno de esos proyectos presentados por el intendente.

El punto de conflicto en el proyecto de ley que está actualmente en la Cámara, es el que permitirá a los Cores decidir cuánto dinero se le dará a un sector (como salud, educación, seguridad ciudadana, etc…) en las regiones que representan, pero sin la posibilidad de que decidan sobre los proyectos en particular que recibirán ese financiamiento. Es decir, de aprobarse la ley, será el gobierno central quién definirá en qué proyectos específicos se gastará ese dinero.

“Nosotros solo podremos opinar sobre si 2 mil millones irán para salud, o 3 mil para educación, 4 mil para infraestructura sanitaria, etc. Pero no votar por cada proyecto. Entonces el intendente puede decir: ‘bueno, ellos me aprobaron 2 mil para salud, pero lo voy a gastar todo en Las Condes y no en Cerro Navia’. Ahí se rompe la equidad territorial y además una persona pesa más que un cuerpo colegiado”, dice Carrasco.

La iniciativa que está en su segundo trámite en la Cámara ingresó al Congreso en 2011, y desde esa fecha, según Carrasco, los Cores han propuesto “un sin número de indicaciones y modificaciones”, muchas de ellas acogidas, a excepción de la que ahora piden y por la que hace ya dos semanas declararon la guerra.

La movilización partió en Los Lagos, O´Higgins, Arica y Parinacota, Maule, la Araucanía y Tarapacá. En el resto de las regiones, pese a que la mayoría se adhiere, no ha habido un pronunciamiento formal.

La última en enrolarse a la guerra fue la región Metropolitana, que con 34 consejeros es la más grande del país. En la sesión de ayer 22 de ellos de todas las bancadas, incluyendo RN, el PC, PPD, DC y la UDI, apoyaron la movilización. Exceptuando a doce Cores, entre los que destacan Mariana Aylwin, el ex diputado DC Rodolfo Seguel y el ex ministro PS Jaime Tohá y Paulina Zúñiga (DC), quienes firmaron un documento exponiendo los pros y contra del proyecto de ley y sus argumentos para oponerse a la movilización.

“No podemos paralizar los recursos que van en beneficio de una región. Por ejemplo, póngase en el caso de una comuna que necesite agua para abastecer a la comunidad. Y eso nos significa aprobar en una sesión un proyecto 25 millones de pesos para construir una red de aguas y unos estanques. Y porque al consejo regional se le ocurrió, no se votó nada. Vamos a dejar a la gente sin agua, sin pavimentación, sin ambulancias, sin seguridad. Es nuestra región, es nuestra gente y para eso nos eligieron”, dice un furioso Rodolfo Seguel, ex diputado DC y uno de los disidentes de la sesión.

Otro de los opositores fue el PS Jaime Tohá: “Cuando uno paraliza una actividad, está reclamando contra alguien y normalmente es un alguien con el que uno tiene una dependencia. En el Registro Civil los trabajadores están paralizados en contra del servicio. Pero los consejeros regionales son electos por votación popular. Nuestro patrón, por decirlo así, son nuestros electores. ¿Y quienes son los únicos afectados con la paralización? Los habitantes de las regiones que sus proyectos de inversión se van a postergar. No me parece que haya que castigar a la gente por una divergencia que haya sobre un proyecto de ley que está en el Parlamento”.

A la postura de Tohá y Seguel, se sumaron Paula Zúñiga (DC) y Mariana Aylwin (DC), y juntos redactaron un documento que resumía esta visión. Por esta razón, según Seguel, los intentaron “colgar en la plaza pública” en la sesión pasada, ya que fueron acusados de ser “responsables de las indicaciones le que quitan atribuciones a los Cores”, lo que caldeó los ánimos e hizo acabar la sesión con fuertes enfrentamientos verbales.

Finalmente se acordó que el Consejo Regional Metropolitano “no concurrirá a la aprobación de proyectos en la sesiones del consejo”. Además, entregarán una carta directa a la Presidenta de la República con sus exigencias. Un nuevo dolor de cabeza para el gobierno. Y sobre todo para los ciudadanos.