Comisión de Constitución despacha proyecto que castiga con cárcel efectiva casos de colusión
En tanto, también se definió que si se está en presencia de un cartel en bienes de primera necesidad, se aplicarán penas efectivas sobre los siete años y medio de cárcel para los culpables.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados despachó el proyecto que establece penas de cárcel efectivas para los involucrados en casos de colusión.
El PS Leonardo Soto, presidente de la instancia legislativa, apuntó que “para que la legislación opere como un real disuasivo los actores económicos deben saber que existe la posibilidad concreta de pagar con cárcel por este tipo de conductas, lo que se podía evitar en ciertos casos por la aplicación de atenuantes”.
De este modo, se plantean penas de cárcel que van desde los cinco a los 10 años tras las rejas, junto con multas consistentes en el doble de los beneficios obtenidos de manera fraudulenta o el 30% de las ventas durante el periodo de colusión de la compañía involucrada.
Además, se replicaron los criterios de la Ley Emilia a los actos de colusión, con lo que se asegura al menos un año de presidio efectivo antes que los responsables puedan recibir penas alternativas.
En tanto, también se definió que si se está en presencia de un cartel en bienes de primera necesidad, se aplicarán penas efectivas sobre los siete años y medio de cárcel para los culpables.
Finalmente, se establecieron restricciones a la llamada delación compensada, cuyos beneficios en la actualidad son extensibles desde el primer al cuarto delator.
De este modo, esta medida solo se aplicará para la primera empresa que se autodenuncie, la cual se podrá eximir de la sanción penal y del pago total de la multa aplicada. En el caso de una segunda empresa, se mantendrá la responsabilidad penal y deberá cancelar, al menos, la mitad de la multa estipulada, correspondiente al total de los beneficios obtenidos de forma ilegítima.
Para acogerse a este beneficio, el diputado Soto recalcó que la compañía autodenunciada deberá “entregar antecedentes que efectivamente conduzcan a establecer la participación de las empresas y las responsabilidad individuales, y que no sea un grupo organizador del cartel que haya conexionado a los otros”.
“Así reforzamos la delación compensada como una herramienta efectiva para desbaratar los carteles, pero con la convicción de que hay que restringir los beneficios a quienes se coluden perjudicando a millones de personas”, sentenció.
