La Justicia imputa a Volkswagen por el polémico caso de los motores trucados

La Audiencia Nacional española comunicó formalmente al Grupo Volkswagen su imputación en el caso de los motores trucados por delitos contra los consumidores, el medio ambiente y la Hacienda Pública española, además de por fraude, falsificación documental y publicidad engañosa.

Directivos de la compañía en España acudieron hoy al despacho del juez Ismael Moreno y le garantizaron su “estrecha colaboración” en la investigación de la manipulación de los motores diésel que afectan al consorcio alemán en España.

El vicepresidente de Relaciones Gubernamentales e Institucionales de SEAT y del Grupo Volkswagen, Ramón Paredes, destacó a la prensa que el consorcio se ha “puesto a total disposición de la autoridades, como siempre lo ha hecho”.

También añadió que para el fabricante alemán de automóviles el cliente es lo “prioritario”, por lo que reiteró que el Grupo asumirá todos los costes que se deriven de las intervenciones que haya que llevar a cabo en los modelos afectados.

El Grupo Volkswagen cifró en 683.626 los coches afectados de las marcas Volkswagen, Audi, SEAT y Skoda, que llevan un motor diésel con un software que, si está activo, altera los datos de emisiones de NOx cuando pasa una inspección técnica.

Sin embargo, la empresa alemana aún no ha determinado cuáles de todos ellos llevan activo dicho programa ni ha concretado que actuaciones deberá llevar a cabo para modificar el software.

El pasado 28 de octubre Moreno había reclamado todos los comunicados oficiales, la relación de los vehículos afectados en España, el organigrama de la filial española y el listado de las medidas adoptadas para subsanar lo ocurrido.

También pidió al Grupo que se identificara a la empresa a la que se encargó la fabricación del software y un informe acerca de la instalación del programa informático.

Además, el juez reclamó entonces al Ministerio de Industria español toda la información tuviera hasta el momento, incluido el dictamen de la Agencia Medioambiental de Estados Unidos (EPA), y al de Agricultura los dictámenes periciales que hubiera podido realizar de los vehículos supuestamente manipulados para determinar su grado de emisiones nocivas.

El 19 de octubre la Fiscalía española estimó que dichos vehículos están repartidos por todo el territorio español, lo que justifica la actuación de la Audiencia Nacional.

El Ministerio Público consideró también que las emisiones de esos motores pudieron “haber causado daños sustanciales a la calidad del aire” y que, al haber sido objeto de subvención pública por planes del Gobierno español “el engaño también podría haber supuesto el desembolso injustificado del erario público”.

La semana pasada el ministro de Industria, José Manuel Soria, cifró en cincuenta millones de euros los que el Grupo Volkswagen podría tener que devolver a Hacienda en concepto de ayudas a vehículos supuestamente eficientes.