Justicia ordena al Tribunal de la Libre Competencia entregar antecedentes del “cartel del papel confort”
La Fiscalía Nacional Económica había presentado los antecedentes ante el TDLC, donde existen registros de llamadas, correos y sus participantes, en el acuerdo que por más de 10 años sostuvieron la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones y la firma sueca SCA (ex PISA), para fijar los precios de productos derivados del papel. La Corte dispondrá de la información, para luego resolver si es que el Ministerio Público puede o no acceder a esta documentación.
Cuando trascendió -y luego se confirmó- el requerimiento que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) hizo en contra de las empresas SCA (ex PISA) y la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), la atención se centró en una serie de antecedentes “operativos” de este cartel, que fijó por cerca de 10 años los precios de productos como el papel higiénico, servilletas y pañuelos, entre otros.
Parte de esta información justificaba, a juicio de la FNE ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), que las personas involucradas estaban al tanto del carácter “ilícito” de sus prácticas, entre las que se pueden considerar: compra y uso de celulares pre pago para no dejar registro de las llamadas realizadas para coordinar los precios. O también el contenido de al menos tres casillas de correo creadas específicamente para enviar nóminas de precios.
Incluso, entre todos los antecedentes, el más llamativo era que en cierto punto los participantes de este “cartel” lanzaron los computadores al canal San Carlos.
Esta información se le entregó al TDLC, quienes tienen la posibilidad de multar a las empresas involucradas, por hasta un máximo de 23 millones de dólares, pero no de castigar con penas de cárcel o responsabilidades penales.
Sin embargo, después de que se enviara una serie de querellas, que fueron declaradas admisibles, la Fiscalía Sur, específicamente el fiscal Cristián Galdames, empezó a tramitar una investigación desformalizada para establecer precisamente las responsabilidades en este caso. Aparte de los gerentes involucrados, también incluso han deslizado la posibilidad de que están investigando a las cadenas de supermercados y distribuidores por su eventual participación en este “cartel”.
Sin embargo, para ganar tiempo y antecedentes, el Ministerio Público solicitó al TDLC la información, la que se le negó argumentando reserva. La Fiscalía determinó apelar a la Corte de San Miguel.
Y de acuerdo a lo que publica La Tercera, el tribunal de alzada determinó entregar en un plazo máximo de 48 horas, toda la información reservada de este caso.
En este sentido, la Corte accederá a esta información, y luego resolverá si es que finalmente el Ministerio Público puede o no acceder a esta información.
La alteración fraudulenta de precios tiene penas que oscilan entre los 61 días y los 3 años de cárcel, y una multa que va desde los 268 mil 656 pesos y los 447 mil 760 pesos con el valor de hoy de la Unidad Tributaria Mensual (UTM).
