Jovino Novoa acepta ser culpable de delitos tributarios y es el primer condenado en el Caso Penta
El Ministerio Público concertó un acuerdo con el equipo de abogados del histórico timonel UDI, en el que éste aceptó parte de los cargos que se investigaron en el marco del caso Penta.
El 1 octubre del 2014, el ex timonel de la UDI, Jovino Novoa, declaró ante los medios que “yo jamás he participado de ningún financiamiento que no esté de acuerdo a la ley y jamás he actuado en forma ilegal en mi vida”.
Un año y 57 días después, en instancias del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Novoa, el mismo que indicó que la investigación del Ministerio Público era “ideológicamente falsa”, aceptó los cargos que presentó el ente persecutor, todos en torno a ilícitos tributarios cometidos para el “auspicio para los políticos”, según consta en los antecedentes que presentó la Fiscalía al Tribunal.
La acusación en contra de Novoa consideraba la facilitación a Empresas Penta S.A., a Inversiones Penta III y a Inversiones Penta II, de los empresarios cercanos a la UDI Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, de tres boletas y seis facturas ideológicamente falsas, por un total de 33 millones 611 mil 111 pesos. Junto con los dueños del holding, la emisión de estos documentos fue además coordinada por el ex gerente del holding, Hugo Bravo.
Estos dineros fueron utilizados para financiar campañas políticas. Incluso, una de las boletas que se habrían emitido, perteneciente a Teresa Riera Rawlins, fue realizada sin su consentimiento. Otras dos personas mencionadas en la investigación son Carlos Lira e Ignacio Ternicier, de quienes también se usaron boletas.
Todos estos documentos fueron utilizadas en las declaraciones de impuestos de las empresas del holding, lo que infringe el código tributario ya que con esto buscan reducir los impuestos que terminan rindiendo.
Además, entre el 2008 y el 20013, el histórico líder gremialista incorporó boletas por trabajos no realizados por su sociedad Inversiones y Mandatos. En total, fueron 17 boletas ideológicamente falsas, las que suman un monto de 42 millones 241 mil 853 pesos, lo que responde a un perjuicio fiscal d e15 millones 318 mil 298 pesos, el que ya fue cancelado por el ex senador ante el Servicio de Impuestos Internos.
La pena que solicitó el Ministerio Público es de tres años de presidio menor en su grado medio, lo que implica que no perderá sus derechos políticos, como el ir a votar o poder ejercer cargos públicos, y que tampoco significa pena de cárcel.
También se le multó por la mitad del perjuicio al Estado, además de cinco Unidades Tributarias Anuales (en torno a 2,7 millones de pesos).
