La UDI no lo puede creer: “No vamos a pronunciarnos sobre Novoa hasta que la sentencia esté ejecutoriada”
"En el momento que esa sentencia quede firme y ejecutoriada y ya no queden elementos procesales pendientes nosotros como directiva de la UDI nos vamos a pronunciar sobre el fondo del asunto y nos vamos a pronunciar sobre este caso", dejó en claro el secretario general del gremialismo.
La Unión Democráta Independiente no quiso referirse a la situación de Jovino Novoa, luego que este viernes el ex timonel fuera condenado por delitos tributarios en el marco del caso Penta.
Es por ello que el secretario general del gremialismo, Guillermo Ramírez, recalcó que “no queremos pronunciarnos hasta que la sentencia esté firme y ejecutoriada”.
“En el momento que esa sentencia quede firme y ejecutoriada y ya no queden elementos procesales pendientes nosotros como directiva de la UDI nos vamos a pronunciar sobre el fondo del asunto y nos vamos a pronunciar sobre este caso”, dejó en claro en conferencia de prensa.
Guillermo Ramírez justificó la decisión de la UDI aduciendo que “queremos ser respetuosos de la justicia. Nosotros hemos tenido críticas hacia la fiscalía, hacia el SII, pero nunca hemos tenido críticas hacia el Tribunal”.
Junto con ello, dejó en claro que el hecho que Jovino Novoa haya enfrentado un juicio abreviado, donde reconoció su culpabilidad como autor y ejecutor de delitos tributarios respecto a la emisión de boletas falsas a Penta y SQM, no es un “beneficio”.
“No hay ningún tipo de beneficio, ni ningún tipo de procedimiento que sea especial y al que no pueda acceder cualquier ciudadano de la República. Aquí se ha aplicado la ley, se ha establecido que los requisitos para que haya un juicio abreviado se cumplían, y así lo entendió el Ministerio Público, el SII, la defensa y así, aparentemente va a fallar el Tribunal”, apuntó.
La sentencia contra Jovino Novoa se conocerá este miércoles 2 de diciembre, pero ya se llegó a un acuerdo entre las partes para que el ex senador reciba una pena de tres años de pena remitida, sin perder sus derechos políticos, además de pagar una multa cercana a los siete millones de pesos, entre otras penas accesorias.