Justicia militar habría presionado a periodistas para que revelaran fuentes del “Milicogate”
La organización “Reporteros sin fronteras” denunció que una serie de profesionales de The Clinic fueron citados a declarar por el caso ante el juez militar del caso que investiga un millonario desfalco de los dineros del cobre. Habrían sido convocados en calidad de testigos, pero la diligencia tenía por objetivo el que revelaran quiénes les entregaban la información del caso.
La justicia militar chilena pidió a periodistas y responsables de la redacción del semanario local The Clinic que den a conocer sus fuentes informativas en un caso de un fraude en el que están involucrados oficiales del ejército, denunció Reporteros sin Frontera (RSF).
Según un comunicado, en un claro caso de hostigamiento hacia la libertad de prensa, la IV Fiscalía Militar ha citado desde octubre a varios miembros de esta revista política para descubrir las fuentes que les han dado los datos sobre un caso de corrupción y desvío de recursos públicos en el que están implicados numerosos oficiales del ejército chileno, un escándalo conocido ahora como el ‘Milicogate’.
El periodista y autor del reportaje, Mauricio Weibel Barahona; el propietario y representante legal de The Clinic, Pablo Dittborn; el director de la publicación, Patricio Fernández, y la editora Andrea Moletto, fueron citados por el juez militar Rodrigo Acevedo, encargado de investigar la filtración de información.
Sin embargo, desde 2011 la justicia militar no tiene facultades en Chile para investigar casos de civiles y, en teoría, sólo debe tratar los expedientes relacionados directamente con el ejército.
Según RSF, estas cuatro personas fueron citadas a comparecer como testigos, pero en realidad fueron convocadas para que revelaran sus fuentes.
“Esto, a pesar de que la ley de prensa chilena, al igual que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el Estado chileno tiene la obligación de respetar, garantizan el respeto del secreto de las fuentes“, precisa la misiva.
“Esta violación del secreto de fuentes y este intento de intimidación por parte de la justicia militar chilena es intolerable, se trata de un ataque grave a la libertad de prensa y a la democracia en Chile“, señaló Emmanuel Colombié, responsable del Despacho América Latina de Reporteros sin Fronteras.
“Pedimos a las autoridades chilenas que respeten la Ley de Prensa, así como sus compromisos internacionales“, añadió.
El Milicogate se dio a conocer a través de una serie de reportajes publicados en The Clinic en agosto de 2015.
Estos reportajes revelaron que existía una gran operación de desvío de fondos públicos, llevada a cabo por oficiales y miembros del ejército de chileno entre 2010 y 2014.
El monto de los recursos desviados ascendería a varios millones de dólares y el dinero se habría utilizado para pagar viajes, fiestas, la compra de caballos, e incluso en casinos.
Hasta ahora el gobierno chileno ha permanecido muy discreto y no se ha pronunciado públicamente sobre el escándalo de corrupción ni sobre los métodos empleados por la Justicia Militar para intentar acallar el caso, añadió el comunicado.
Chile se encuentra en el lugar 43, entre 180 países, en la clasificación mundial de la Libertad de Prensa 2015 publicada por Reporteros sin Fronteras. EFE
mc/
