Ruiz-Tagle declara por “cartel del confort” y niega orden de detención

Este martes en el Juzgado de Garantía de Puente Alto, llegó en calidad de “citado”, bajo apercibimiento de arresto,el ex ministro del Deporte de Sebastián Piñera, Gabriel Ruiz-Tagle.

Esto, porque en medio del caso de la “colusión del papel confort”, el ex secretario de Estado y también ex gerente de una de las empresas investigadas (SCA, entonces PISA), no se habría presentado a prestar declaración ante el fiscal de la Zona Metropolitana Sur, Cristián Galdames, quien lleva adelante las indagatorias en el ámbito penal en este caso.

Este caso que se generó a partir de un requerimiento por parte de la Fiscalía Nacional Económica, a causa de que ejecutivos de PISA, cuyo dueño era el ex titular del deporte, y de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), del grupo Matte, se habían reunido y ajustado durante cerca de 10 años los precios de los productos derivados del papel, como pañuelos, servilletas y papel higiénico, entre otros.

En el transcurso de esta mañana, de acuerdo a Radio Bío-Bío, al enterarse de esta situación, Ruiz-Tagle se habría puesto inmediatamente en contacto con funcionarios del ente persecutor para prestar declaración lo más pronto posible. A su entrada a la sede local del Ministerio Público el ex titular del Deporte declaró que “no existe nada, yo no he sido citado. Vengo voluntariamente (…) Primera noticia que tengo y he venido inmediatamente con mi abogado. No hay ninguna orden, nada. Lo que me interesa es conocer las preguntas del fiscal”.

De acuerdo a La Tercera, Ruiz-Tagle no se habría presentado en tres oportunidades ante instancias del Ministerio Público. Por tanto habría sido citado en esta ocasión a declarar bajo apercibimiento de arresto. En la resolución del Juzgado de Garantía de Puente Alto se establece que se debe “conducir al referido imputado compulsivamente a las oficinas de la Fiscalía Local de Puente Alto, en horario de oficina, debiendo ser advertido de su derecho a guardar silencio y dejado en libertad inmediata si hace uso de éste“.

La arista penal tuvo su inicio con la presentación de una denuncia de los diputados Gabriel Silber (DC) y Daniel Farcas (PPD), por el delito de alteración fraudulenta de precios. Este ilícito tiene penas de reclusión que oscila entre 61 días a tres años, más una multa de 6 a 10 Unidades Tributarias Mensuales.

Además, en esta tarde, tendrán lugar los alegatos ante el Tribunal Constitucional, a causa de que el Tribunal de la Libre Competencia, donde está radicado el caso que presentó la Fiscalía Nacional Económica, ha negado los antecedentes a la Fiscalía Sur para que estos a su vez puedan realizar su investigación de carácter penal. En el proceso del TDLC sólo existen penas de multa y no de presidio.