Gobierno prepara “salvavidas” para la Gratuidad 2016: Tres estatales estarían fuera y sumarían Ues privadas

“Yo como presidente de las Universidades estatales no podría crees eso, es imposible que eso sea cierto, usted puede haber entendido mal”. Esa fue la incrédula reacción del rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, en conversación con La Tercera, cuando se le conversó respecto de una de las consecuencias de los cambios que el gobierno está impulsando para poder llevar adelante la gratuidad en la Educación superior para el próximo año: tres universidades estatales quedarían fuera.

El escenario del Ejecutivo se complejizó después de que el Tribunal Constitucional (TC) se manifestara en contra del criterio de eligibilidad de las casas de estudios que recibirían los fondos del polémico apartado, o glosa, del presupuesto. Éste entregaría dineros a planteles de educación superior para financiar los estudios de algunos jóvenes, mientras que otros, idénticos, no recibirían el beneficio por estar en lugares que no cumplan con los criterios que exigía el gobierno.

A la espera de que el TC entregue su fallo, los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, y de la Secretaría General de Gobierno, Marcelo Díaz, plantearon a los parlamentarios en el Congreso una nueva propuesta.

De acuerdo a La Tercera, para poder llegar, aunque sea apresuradamente, a los plazos, se busca enviar una ley corta para modificar la glosa de gratuidad, permitiendo que todas las universidades que tengan más de cuatro años de acreditación puedan optar al beneficio para los estudiantes de los cinco primeros deciles.

Con esto, tres universidades estatales, con sólo tres años de acreditación, quedan fuera: la Universidad de Los Lagos, la Universidad Tecnológica Metropolitana (Utem) y la Universidad Arturo Prat, las que se supone que recibirían recursos vía convenio marco para poder implementar este beneficios, pero como parte de la institucionalidad de cada una de estas casas de estudio.

El principal mensaje del gobierno es buscar un acuerdo transversal, para evitar un nuevo problema.

Esta ley se enviaría el lunes, después de que se conozcan los argumentos del TC, para ojalá aprobarla para el miércoles 23 de diciembre.

El senador Fulvio Rossi respalda lo que plantea el gobierno, ya que a su juicio “lo óptimo sería una ley corta que permita incluir instituciones del CRUCh junto a otras universidades privadas acreditadas y mejorar becas de CFT e IP”.

Además, inicialmente estaba planteado que el 22 de diciembre era la fecha tope para que los planteles de educación superior determinaran si se sumarían o no a la gratuidad… pero esta nueva propuesta se aprobaría un día después, por lo que este plazo se retrasaría.

La oposición también habría realizado un planteamiento ante la titular del Mineduc, Adriana Delpiano, y según el diputado UDI Jaime Bellolio, se consideran tres criterios: “que haya más estudiantes beneficiados, que no exista discriminación arbitraria entre un tipo de instituciones y que se resguarde la calidad de los planteles que pueden dar gratuidad”.

De todos modos, los CFT e IP, incluyendo el Duoc, quedarían fuera, pero se les aumentaría el monto considerado para las becas Nuevo Milenio, que reciben los estudiantes de esas instituciones. Los beneficiados recibirían cerca de 900 mil pesos: un 50% más de lo que recibían en el 2015.

Para financiar a las universidades privadas, se considera una eventual reasignación de los recursos que estaban destinados a los siete CFT e IP.

Los plazos se acortan: la PSU entregará sus resultados el 27 de diciembre. Las universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales deben preparar sus presupuestos a ciegas, ya que no saben si es que recibirán estos fondos o no. Y los estudiantes siguen sumidos en un escenario de incertidumbre.