Gratuidad: La Moneda “acusa el golpe” y plantea plan de “acompañamiento” a 3 Ues estatales en riesgo

El reloj sigue corriendo, y el Ejecutivo ha tenido que hacer malabares para poder concretar, de alguna manera, el inicio de la gratuidad en la educación superior para cerca de 200 mil jóvenes.

Tras el fallo adverso del Tribunal Constitucional, que entregará sus resultados este lunes 21 de diciembre, los ministros Rodrigo Valdés, Nicolás Eyzaguirre y Marcelo Díaz (de Hacienda, Secretario General de la Presidencia y de Gobierno respectivamente) planteaban a diversos parlamentarios una opción de impulsar la gratuidad. Ésta consideraba entregar los fondos a las universidades del Consejo de Rectores (CRUCh), pero con una serie de condiciones. Entre otras, se consideraba que las casas de estudio debían tener 4 años de acreditación como mínimo. Esto dejaba fuera a tres planteles: UTEM, la Universidad de Los Lagos y la Universidad Arturo Prat.

El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, planteó este jueves con fuerza que “aquí es todos o ninguno”, ante esta opción, indirectamente planteando que las universidades rechazarían adherirse al beneficio, que es también una de las promesas de campaña de Michelle Bachelet.

La Presidenta, de acuerdo a La Tercera, habría desechado esa posibilidad por completo.

Sin embargo, el gobierno debe esperar aún el pronunciamiento del TC. “Nosotros vamos a hacer todo lo posible, humanamente posible, para que todas las universidades del Estado se traten por igual”, planteó la ministra de Educación, Adriana Delpiano.

Por tanto, el gobierno debe realizar diversos cambios para concretar este plan. Las condiciones se siguen manteniendo, según lo que se conversó en una reunión que encabezó el ministro Nicolás Eyzaguirre: se considerarán todas las universidades con más de cuatro años de acreditación , y que no tengan sociedades comerciales como organizadoras. Y en el caso de los tres planteles que no cumplen con los requisitos de acreditación recibirían un trato especial.

Estas quedarían sujetas a un plan de “acompañamiento”. Aún esto no está del todo claro, ya que se precisará durante el fin de semana, pero esta figura consideraría algo parecido a un interventor o administrador provisional, que apoyaría a los planteles que presentan problemas en su gestión.

La oposición, quienes presentaron el recurso ante el Tribunal Constitucional en contra de la gratuidad por considerarla “discriminadora e inconstitucional”, aceptarían esta figura, pero con la condición de que las instituciones que no ingresen a la gratuidad mantengan las becas y créditos para los estudiantes. Esto permitiría generar un “amarre” para la reforma a la educación superior, que se supone que se debe presentar antes del 31 de diciembre.

En tanto, en El Mercurio, se plantea que el gobierno podría entregarle financiamiento a través de una vía administrativa. Y todos estos anuncios han estado marcados por un fuerte llamado a movilizaciones por parte de los estudiantes agrupados en la Confech el próximo 22 de diciembre.