Comisión de Hacienda aprueba ley corta y gobierno descarta “error” que dejaba a 9 Ues sin gratuidad

Un nuevo traspié continúa empañando el proceso legislativo que tiene que enfrentar la ley corta que impulsa el Ejecutivo para poder concretar la gratuidad del próximo año.

Después del fallo del Tribunal Constitucional, que impugnó el financiamiento del beneficio a través de la ley de presupuestos -esto porque “discriminaba” a alumnos que no estudiarían gratis sólo por estar cursando estudios en una universidad y no en otra– el gobierno estructuró una ley corta, que fue discutida anoche, y aprobada inicialmente por la comisión de Hacienda.

Sin embargo, surgió un problema en su redacción, ya que en un punto se planteaba que las universidades que no fuesen estatales -o privadas tradicionales del Consejo de Rectores y el resto de las privadas- podrían acceder a la gratuidad si contaban con cuatro años de acreditación, junto con no tener fines de lucro.

Sin embargo, como las universidades del CRUCh son fundaciones y no tienen controladores, no se encuentran en la redacción de la ley. Esto provocaba su exclusión del beneficio, el cual enfrenta un proceso legislativo a toda velocidad. Los planteles afectados correspondían a Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Austral, Universidad de Concepción, Universidad Federico Santa María, Universidad Católica del Norte, Universidad Católica de Temuco, Universidad Católica del Maule y Universidad Católica de la Santísima Concepción y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

El presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, explicó a Radio Bío-Bío que “la premura de conocer el fallo (del Tribunal Constitucional) y adecuar la glosa, la ley de gratuidad, y presentarla a la comisión de hacienda que sesionó hasta las 11 de la noche, provocó este error”.

Por tanto, esta mañana, de urgencia, se plantearon las indicaciones para corregir esta situación, la que finalmente fue resuelta y ahora debe ser votada por la Cámara.

Sin embargo, la postura del gobierno, planteada a través de la vocera subrogante, Javiera Blanco, responde a que “el texto que hemos enviado es un texto correcto”. Insistió en que “no hay un error”, pero acotó que “si tenemos que hacer precisiones, lo haremos”.

Este proceso fue duramente criticado por el rector de uno de los planteles que iba a sufrir por este problema de redacción. Sergio Lavanchy, rector de la Universidad de Concepción calificó la situación como “un error imperdonable que da cuenta de la descoordinación que han tenido hasta ahora quienes están a cargo de la elaboración de esta ley”, de acuerdo comentó a Radio Bío-Bío.

La premura del gobierno tiene que ver con que este 27 de diciembre se entregan los resultados de la PSU y se espera que para esa fecha estén claras las universidades que se harán parte de la gratuidad.

Mientras tanto, quienes sufren de esta incertidumbre son los estudiantes que siguen en esta tensa espera.