Rectores de CFT e IP: “La ley corta es incluso más discriminatoria de lo que establecía la glosa”

En esta jornada, a tropezones, el Ejecutivo ha tratado de llevar adelante, a toda máquina, la gratuidad para el próximo año. Ayer, el Tribunal Constitucional liberó el fallo que impugnó el beneficio para el 2016, y el gobierno adelantó la ley corta, con la que busca cumplir con la promesa que Michelle Bachelet realizó el pasado 21 de mayo: gratuidad en la educación superior.

Finalmente no serán 200 mil estudiantes, sino que la cantidad se redujo a cerca de 178 mil, y estos corresponderán a los jóvenes que cursen estudios en los planteles del CRUCh -o es lo que se pretendía, pese a un extraño error de redacción que casi margina a 9 casas de estudio- además de 7 establecimientos privados.

¿Y qué pasó con los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales? Quedaron fuera del beneficio. El gobierno, para salvar esta situación, aumentará las Becas Milenio II a los estudiantes de estos planteles. De esta forma, a los 178 mil se le suman cerca de 140 mil más.

Sin embargo, estas modificaciones causaron fuertes reacciones por parte de los jefes de los CFT e IP.

En conversación con La Tercera, el rector del DUOC UC, Ricardo Paredes, planteó que “el gobierno ha mandado una ley corta que establece otro tipo de discriminación, tanto más grave que la primera”.

Paredes además precisó que “la ley corta es incluso más discriminatoria de lo que establecía la glosa, porque alumnos de igual vulnerabilidad, incluso alumnos intentando matricularse y acceder al técnico profesional, podrán quedar fuera de la gratuidad que otros alumnos menos vulnerables, ingresando a otro recinto menos acreditado y quedaría con gratuidad, esto no se condice con el discurso que establece el gobierno”.

El rector del Inacap, Gonzalo Vargas, en tanto, precisó que con esta ley corta se “está financiando la gratuidad en universidades a costa de los alumnos de la educación técnica. Se sigue transgrediendo el fallo del Tribunal Constitucional”.