Consejo de Rectores solicita que con reforma se termine el “régimen de comercio” en educación chilena
La Ministra de Educación, Adriana Delpiano, se reunió con los rectores de esta agrupación, para comenzar el trabajo prelegislativo al proyecto de Educación Superior. El vicepresidente del CRUCh, Aldo Valle, aseguró que aún faltan “definiciones” en la iniciativa.
Este lunes, tras una reunión de la Presidenta Michelle Bachelet con los rectores de las universidades del Consejo de Rectores (CRUCh), se confirmó que se retrasará el ingreso del proyecto de ley de educación superior.
Uno de los argumentos hizo referencia a la premura y la serie de tropiezos que enfrentó el Ejecutivo en la presentación y promulgación de la Ley Corta, para hacer efectiva la gratuidad en la educación superior para este 2016, al menos para cerca de 178 mil estudiantes.
Este martes, el mismo CRUCh sostuvo una extensa reunión con la ministra de Educación, Adriana Delpiano, precisamente para empezar a ver los detalles respecto de esta ley.
“Vamos a trabajar para que a partir de mañana el rector Valle (de la Universidad de Valparaíso y Vicepresidente del CRUCh) pueda tener claro el cronograma de trabajo que vamos a establecer. Ésta es una mirada diversa y amplia y estamos seguros de que vamos a poder hacer un trabajo conjunto”, indicó la secretaria de estado tras el encuentro.
Valle, por su parte, celebró la decisión del Ejecutivo, e indicó que estas reformas “no pueden ser sólo el resultado de un trabajo del gabinete”, con lo que deslizó una velada crítica a la forma en la que se elaboró la Ley Corta, la que a desconocimiento de la mandataria, podría haber dejado fuera a tres planteles por no cumplir con los 4 años de acreditación.
El rector agregó que “esta reforma es también la oportunidad para que tengamos un orden público que regule el sistema de educación superior y ponga término al régimen de comercio que rige actualmente en la educación”.
Asimismo, de acuerdo a sus declaraciones que reproduce La Tercera, Aldo Valle estimó que es necesario establecer un “marco regulatorio que debe contener un sistema de admisión; porque si hay cambios en el sistema de financiamiento, los que debe haber en la admisión. Creemos que debe haber una cierta definición de reglas de orden público”.