Querella del SII en Caso Caval daría pie a futura formalización de Natalia Compagnon

“Se está intentando proteger a la familia de la Presidenta”, declaró la semana pasada Mario Zumelzu, uno de los abogados querellantes del caso Caval, cuando se publicó el ingreso de la solicitud de formalización de 9 personas por esta investigación, en la que no se encontraba la nuera de la Presidenta Bachelet, Natalia Compagnon.

Esta indagatoria busca esclarecer eventuales delitos de funcionarios municipales de Machalí, así como investigar otros eventuales delitos en el proceso de compra-venta de un terreno de la mencionada comuna por parte de la empresa Caval, empresa de la nuera de la Presidenta junto con Mauricio Valero. Para esto, obtuvieron un crédito por parte del Banco de Chile, de 6 mil 500 millones de pesos, después de que Compagnon sostuviera una reunión con el vicepresidente de la entidad, Andrónico Luksic, encuentro en el que también participó el hijo de Bachelet, Sebastián Dávalos.

La declaración de Zumelzu apuntaba a que a Compagnon, según él, le cabrían al menos responsabilidades como encubridora del caso, ya que a juicio del jurista, ella sí había recibido beneficios de la operación inmobiliaria, por la que una serie de personas —entre los que se cuentan ex funcionarios municipales, el síndico de quiebras Herman Chadwick, operadores inmobiliarios, entre otros— serán formalizadas el próximo 29 de enero.

Sin embargo, esto podría cambiar, después de que ayer, finalmente, el Servicio de Impuestos Internos presentara una querella en este caso, contra seis, personas, donde se incluyen a Compagnon y a su socio Valero.

La acción penal acusa presuntos delitos tributarios en torno a la “presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas, la incorporación de facturas falsas en la contabilidad, la omisión maliciosa de ingresos y la facilitación de documentación tributaria por servicios no prestados”. A la postre, delitos idénticos a los que se investigan en los casos de presunto financiamiento irregular de la política.

Junto con los representantes de la empresa Caval, se incluye al síndico de quiebras, Herman Chadwick, y a otros actores del proceso, como Patricio Cordero —ex administrador municipal de Joaquín Lavín— y el ex operador político UDI, Juan Díaz.

El perjuicio fiscal de estos delitos, de acuerdo a La Tercera, ascendería al menos a 305 millones de pesos.

De acuerdo al SII, Compagnon y Valero, como representantes legales de la Sociedad Exportadora y de Gestión Caval Limitada, actuaron como autores del delito tributario estipulado en el inciso primero del artículo 97, número 4 del Código tributario. Esto responde a declaraciones falsas o incompletas que apunten, con intención —o dolo— a dar menos impuestos que lo que corresponde. El perjuicio fiscal de Caval ascendería a 106 millones de pesos.

Con todo lo ocurrido, se da pie para que el Fiscal Luis Toledo finalmente pueda presentar una solicitud de formalización en contra de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, de acuerdo a El Mercurio. Si bien el Ministerio Público aún no era notificado oficialmente de la acción penal, Toledo podría solicitar ampliar la formalización del próximo 29 de enero, o pedir una nueva audiencia, donde se incluiría Compagnon y las otras personas que fueron mencionadas.

El mismo abogado querellante Mario Zumelzu, quien celebró la acción penal del SII, insistió en que el hijo de la Presidenta Bachelet, Sebastián Dávalos “evidentemente” tiene participación en el caso. “Existe respecto de Dávalos Bachelet un grado de participación que hay que definir”, enfatizó Zumelzu a T13. La calidad del ex director sociocultural de La Moneda, quien dejó el cargo tras la revelación del caso y solicitó el formateo de su computador, de acuerdo al querellante sería “de cómplice o de encubridor”.