Arremetida de Chile Vamos para impugnar documental de segundo gobierno de Bachelet
Algunos de los aspectos que critica la UDI y RN respecto de la realización de este registro responde a su asignación directa, el que éste haya sido visado por el cuestionado administrador de Palacio, Cristián Riquelme, y además el uso de recursos públicos para realizar “propaganda”.
La imagen sigue vívida en los ciudadanos que siguieron la reciente campaña presidencial. En esta franja, cuando correspondía el turno de la actual Presidenta Michelle Bachelet destacaban una serie de imágenes captadas en Nueva York, cuando la mandataria se desempeñaba al mando de ONU Mujeres.
Aquel escenario podría repetirse, ahora que La Moneda aprobó el financiar un documental sobre el segundo mandato de Bachelet.
Éste no se habría licitado sino que fue directamente encargado a la cineasta Tatiana Gaviola, bajo el argumento de que se necesita a una persona de confianza de la mandataria para realizar este tipo de tarea, de registro íntimo y reflejo de las políticas públicas que se han impulsado en su administración. Estos servicios revisten el carácter de “especialísimos”, según figura en la resolución administrativa que permitió la ejecución del proyecto, por lo que se haría “estrictamente necesario” que el prestador sea alguien “cuyo perfil detente la ideoneidad técnica y profesional que requieren tales presentaciones”.
La firma que habría dado el vamos para esta gestión vendría del cuestionado administrador de Palacio, Cristián Riquelme, quien enfrenta diversos flancos de conflicto por haber recibido en La Moneda al ex operador político de la UDI, Juan Díaz, una de las personas que figura bajo arresto domiciliario por presuntos delitos de cohecho en el marco del caso Caval, para cambiar el uso de suelo de un paño de terrenos en la comuna de Machalí.
Es en este escenario que diversos dirigentes de Chile Vamos, de acuerdo a La Tercera, activaron una potente ofensiva con el objetivo de impugnar la realización de este documental.
Tanto la UDI como Renovación Nacional se encargarán de hacer llegar una serie de antecedentes a la Contraloría General de la República para analizar la eventual pertinencia de un proyecto de esta envergadura.
El parlamentario de la UDI, Felipe Ward, planteó que “esto contraviene un dictamen de la Contraloría a propósito de la propaganda que se hizo con platas fiscales para promover el plan Auge cuando aún no era política pública. Y lo otro, es que o autoriza Cristián Riquelme. Aquí se entiende porqué sigue en su cargo. Están a punto de echarlo y le hace una película a la jefa”.
En tanto que desde RN, se cuestionan el monto de 40 millones, que fueron autorizados a través de contrato directo y no en una licitación pública.
“Le pediremos a la Contraloría que se pronuncie y audite este gasto. Los supuestos para asignarlo sin licitación son insuficientes e ilegales”, planteó el diputado Nicolás Monckeberg.
Gaviola, que ya había trabajado en la campaña de la mandataria, fue contratada por el gobierno en el 2014 y de julio a diciembre de 2015 con una remuneración bruta de 3 millones 382 mil 500 pesos.
Los reparos del oficialismo también se hicieron sentir. “Esto va a tener complejidades”, indicó el senador del MAS, Alejandro Navarro. Asimismo, el diputado del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, indicó que “es razonable que todo gobierno quiera dejar su legado aunque siempre es bueno esperar al término de su mandato, en especial porque nuestro balance ahora es contradictorio. En el escenario actual –además– cualquier uso de recursos públicos para actividades de esta naturaleza genera reproches”.
En el gobierno de Sebastián Piñera se encargaron una serie de libros para preservar el legado de su administración. Estos gastos se objetaron también ante la Contraloría por –entre otras cosas– no tener respaldo contable. No obstante, en la oposición indican que estos registros se hicieron al final del mandato de Piñera, y que además fueron a través de un contrato licitado públicamente.
